El documento pretende declarar inconstitucional e invalida una fracción del artículo del CNPP
La impugnación también intentaría beneficiar a los dos coacusados, Antonio Enrique Tarin García y Gerardo Villegas Madriles
La Consejería Jurídica del Presidente Enrique Peña Nieto intenta anular toda la investigación que la Fiscalía General del estado de Chihuahua llevó a cabo contra el exsecretario General Adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
Además, también intentaría beneficiar a los dos coacusados, Antonio Enrique Tarin García y Gerardo Villegas Madriles, en la causa penal en su contra por el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos federales hacia campañas políticas del PRI.
Según el documento de la ampliación de la controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el Consejero Jurídico de la Presidencia, Misha Leonel Granados Fernández, publicado por Aristegui Noticias, se solicitó suspender de inmediato cualquier nuevo avance de la indagatoria.
También dicha controversia contra la Fiscalía y el Gobierno de Chihuahua, así como contra las Cámaras de Senadores y Diputados, busca mantener el proceso penal en el estado actual en el que se encuentra hasta que se defina el fondo de la misma.
Asimismo, el documento pretende declarar inconstitucional e invalida una fracción del artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en el cual se reconoce la competencia de las fiscalías y procuradurías estatales tanto para investigar como para sancionar a funcionarios públicos federales que cometan cualquier delito del fuero común dentro de sus territorios.
Se trata de la fracción primera del artículo 20 del CNPP en el cual están definidas las competencias para investigar un delito del fuero común, que incluye: robo, homicidio, fraude, asociación delictuosa, peculado y enriquecimiento ilícito
Estos últimos serían el caso de los tres imputados en la indagatoria, derivado de que la citada ley señala que los jueces y tribunales del fuero común “tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones”.
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Cabe recordar que el CNPP fue aprobado por ambas Cámaras, de Diputados y de Senadores, en 2014, cuando el PRI tenía la mayoría en el Congreso de la Unión.
La Consejería Jurídica argumentó que “los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Chihuahua” invadieron la competencia de la Federación al investigar el presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos del excolaborador de Manlio Fabio Beltrones Rivera cuando éste era Presidente Nacional del PRI.
Agregó que también invadieron el proceso penal que se le sigue por esta misma causa a Tarin García y Villegas Madriles, ambos exfuncionarios del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien actualmente se encuentra prófugo a consecuencia de 15 órdenes de aprehensión en su contra por diversos delitos.
“No hay que perder de vista que, derivado de las consignaciones llevadas a cabo por el Gobierno del Estado de Chihuahua en la causa penal 780/2017 del índice del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (instruidas en contra de ANTONIO ENRIQUE TARIN GARCIA, ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ y GERARDO VILLEGAS MADRILES), el Gobernador ha manifestado en reiteradas ocasiones que existen diversas investigaciones por parte de la Fiscalía local, en las que se relacionan a diversos funcionarios federales”, señala el escrito de la controversia presentada por el Consejero Jurídico de la Presidencia.
La controversia también busca impugnar el artículo 7 del Código Penal para en el estado de Chihuahua en el que se delimita la competencia y el principio de territorialidad con el se puede investigar actos fuera de la ley a todos “los delitos del fuero común que se cometan en su territorio”.
“La norma transcrita deviene inconstitucional, al permitir que entidades federativas puedan procesar penalmente a funcionarios federales, cuando ésta es una cuestión reservada exclusivamente a la Federación. De conformidad a lo argumentado en los anteriores conceptos de invalidez, las entidades federativas no pueden someter a juicios del orden penal a funcionarios federales puesto que, de lo contrario, se sometería al orden federal al control político y judicial de una entidad federativa, cuestión contraria al pacto federal y sus reglas”, señala el documento del Consejero Jurídico del presidente Peña Nieto.
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