Algunos de los programas afectados fueron Reciclando basura por alimentos y Brigadas del bienestar
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) le exigió al gobierno de Quintana Roo aclarar y entregar la documentación necesaria para justificar el gasto de 67 millones de pesos
Mediante su informe de la cuenta pública de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le exigió al gobierno de Quintana Roo aclarar y entregar la documentación necesaria para justificar el gasto de 67 millones de pesos ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena (Sedesi), los cuales prevén que pudieron haber sido desviados para gastos electorales.
Advirtieron que de no hacerlo, dicha dependencia deberá reintegrar esos recursos a la Tesorería central, dio a conocer Julián Javier Ricalde Magaña, actual titular de la Sedesi.
Destacan que se incluye un monto de 3 millones 22 mil pesos que no fue aplicado de los recursos disponibles al 30 de abril de 2016 del Fondo de Infraestructura Social (Fise) 2015, dijo el funcionario.
Magaña informó que los programas Reciclando basura por alimentos y Brigadas del bienestar, creados por el gobierno de Roberto Borge para apoyar a grupos vulnerables, están detenidos debido a su ineficacia, al aplicar partidas y no realizar mediciones y estadísticas del nivel de pobreza en la entidad.
El funcionario dijo que ese dinero fue asignado por el gobierno federal para programas de apoyo social, aunque los trabajadores del gobierno de Borge los desviaron para fines electorales, por lo que hasta el momento sigue sin comprobarse su destino.
Cabe señalar que durante 2015, el gobierno del estado manejó recursos federales por 10 mil 432 millones y casi 470 tuvieron un destino irregular, ya sea que no fueron aplicados a los programas para los que fueron destinados o porque se pagaron sobreprecios, entre otras causas.
Además, Borge Angulo dejó otras cuentas pendientes con la ASF, por que lo está pendiente el destino de mil 550.4 millones de pesos de los ejercicios fiscales de 2011 a 2014.
“En su dictamen, la Auditoría se refiere a programas como Prospera, y pregunta si tuvo o no los alcances para quitar el hambre a la población”, señaló el funcionario.
“Los programas deben ser asertivos para ver si impactaron, y la respuesta es negativa; al contrario, sólo hubo campañas disfrazadas con despensas y la prueba es que estamos demandados por Liconsa (Leche Industrializada Conasupo) porque no se pagaron las grandes cantidades de leche que se pidieron; además, se desviaron recursos para un partido”, puntualizó Ricalde Magaña, sin dar detalles sobre qué instituto político fue el beneficiado.
Además, informó que el porcentaje de hambre ni siquiera fue medido, a pesar de que se sabe que aumentó en los últimos años, donde una de cada tres personas es pobre en Quintana Roo y siete por ciento de la población vive en situaciones extremas mínimas de satisfacción en alimentos, vivienda, educación y seguridad.
Lee la nota completa en La Jornada
Sé parte de la conversación