Amnistía Internacional alertó ayer, en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, que la lucha en México contra la impunidad en este tipo de violaciones todavía se encuentra “lejos de alcanzar el camino hacia la justicia”.
“A pesar de que la tortura es generalizada en México y de que han aumentado las quejas por este flagelo en un 600 por ciento en los últimos diez años, existen únicamente siete sentencias condenatorias entre 2005 y 2013″,
denunció el director ejecutivo de Amnistía México, Perseo Quiroz, en un comunicado.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó este día, en el mismo contexto, que la tortura “es un flagelo inadmisible, indignante y representa un serio retroceso en el Estado de Derecho”.
El organismo autónomo, que encabeza Raúl González Pérez, dijo que “más allá de la frecuencia con que se presente o de lo extendido de este fenómeno en México, la autoridad debe garantizar que cada caso que ocurra será investigado y sancionado”.
Por su parte, Amnistía aseguró este viernes que desde la asociación se siguen recibiendo informes de violaciones de derechos humanos cometidas a manos de policías y fuerzas de seguridad, entre las cuales se incluyen detenciones arbitrarias, actos de tortura y desapariciones forzadas.
Este aspecto “pone de manifiesto la impunidad imperante que favorece un patrón de repetición”, apuntó Quiroz.
La organización internacional instó al Gobierno federal a concretar medidas específicas para poner fin a las torturas, teniendo como base la capacitación de los funcionarios.
Dijo que el primer paso hacia la erradicación es “el reconocimiento de la gravedad del problema, así como la investigación del fenómeno”.
En este sentido, Amnistía destacó la relevancia de los exámenes médicos-forenses para detectar los casos de tortura, pruebas que deben ser realizadas por peritos que cumplan los estándares internacionales.
“En el tema de tortura, uno de los principales problemas sigue siendo la falta de independencia de los peritajes médicos forenses oficiales y el garantizar que los independientes tengan el mismo valor probatorio en procesos penales”, asegura la institución.
Algunas de las causas que ha defendido Amnistía México en los últimos meses han sido las de Adrián Vázquez Lagunes, Yecenia Armenta y Ángel Colón, tres personas que son ejemplo de cómo la tortura es empleada por las autoridades para extraer “confesiones falsas”.
“La tortura no será erradicada si quienes torturan no rinden cuentas ante la justicia y las víctimas no son reparadas por su sufrimiento”, acotó Quiroz.
Por su parte, la CNDH manifestó la necesidad de que el Estado mexicano atienda las recomendaciones en la materia, emitidas por organismos internacionales, así como que en nuestro país no se repitan hechos como los ocurridos en Tlatlaya e Iguala.
“La tortura es una de las más graves violaciones de derechos humanos, por lo que representa e impone graves costos a millones de personas y sus familias en el mundo, mediante daños físicos y secuelas psicológicas y emocionales que suelen ser aún más destructivas e imposibles de superar”, manifestó la Comisión.
El día de ayer, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo que México enfrenta “problemas significativos” en la materia ante los reportes de asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada de personas y abusos físicos en los que se encuentran involucradas las fuerzas de seguridad.
“Problemas significativos relacionados con los derechos humanos incluyen la participación de la policía y militares en abusos graves, como asesinatos extrajudiciales, tortura, desapariciones y abusos físicos. La impunidad y la corrupción siguieron siendo problemas graves en las fuerzas de seguridad, y en el sector judicial, especialmente en los niveles estatales y locales”, dice el reporte.
Menciona además la existencia de ”numerosos informes en los que el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales, a menudo con impunidad”. Y añade que “los grupos delictivos organizados también fueron responsables de numerosos asesinatos, a menudo actuando con impunidad y en alianza con el estado corrupto, locales y funcionarios de seguridad”.
Con información de Sin Embargo y La Jornada
Sé parte de la conversación