El calvario de Irene Cruz, mujer indígena de origen Na’Savi, comenzó la noche del 20 de junio de 2001, cuando iniciaron las labores de parto de su primer hijo.
Una partera trató de ayudarla en su vivienda de Barranca Fiera, un remoto paraje de la comunidad de Morelos que pertenece al municipio oaxaqueño de San Cruz Itundunjia, pero fue inútil, por lo que recomendó llevarla urgentemente a la unidad médica del municipio.
Debido a lo complicado del terreno y los sinuosos caminos, una ambulancia no pudo llegar por ella y se le trasladó en una camioneta del municipio; sin embargo, la tarde del 21 de junio, en el centro médico de Santa Cruz Itundujia, el personal médico determinó que ahí no la podían atender porque no contaban con el equipo necesario para emergencias obstétricas.
Tras horas de camino, logró llegar al Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Tlaxiaco. Allí, la madrugada del 22 de junio, a Irene le practicaron una cesárea de emergencia que debido a una negligencia médica de la anestesióloga la dejó a ella y a su bebé en estado grave.
Sin dar detalles a su familia, la mujer y el menor fueron trasladados al Hospital Civil de Oaxaca, donde le diagnostican una “encefalopatía hipóxica isquémica”, es decir, Irene perdió toda la movilidad y la capacidad de racionamiento, quedando postrada de por vida en una cama.
Tras 14 años de estos hechos, la familia de Irene no ha recibido indemnización alguna.
Fuente: Animal Político
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