“La guerra contra la corrupción en México ya está perdida, al menos en este sexenio. Hasta ahora no existen acciones decisivas de parte del Gobierno Federal ni de la oposición para terminar con este problema que al año le cuesta al país 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a un billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos” consideró Rodrigo Aguilera, analista para México y América Latina de The Economist Intelligence Unit.
Desde Londres, Aguilera señaló que el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto tuvo el año pasado “para dar señales de que iba a cambiar la actitud contra la corrupción y no ha ocurrido esto, tanto por parte del gobierno como de la oposición. La clase política mexicana está en un equilibrio muy nocivo: siempre hay condenas enérgicas contra la corrupción, pero no hacen nada al respecto”.
Después de escándalos de corrupción como el de la casa de la Primera Dama, Angélica Rivera de Peña, comprada a Grupo Higa –uno de los contratistas más beneficiados del Gobierno, o el de las otras viviendas –del mismo Presidente y del Secretario de Hacienda- adquiridas también a contratistas bajo condiciones preferenciales, “la ‘Marca México’ esta muy mal, ya que el Gobierno no ha podido enfrentar estos problemas institucionales que han alterado el Estado de derecho. El Gobierno de México es muy bueno en decir que firmamos una cantidad de tratados, tenemos un sistema anticorrupción, pero no hay resultados y por eso este jueguito se le está acabando; ahora ¿de qué te sirve presumir tratados internacionales, si no puedes castigar la corrupción?”.
En los últimos 15 días, tres mediciones internacionales han mostrado deficiencias en la manera en la que se conduce el país: el primero fue el Índice de Democracia de The Economist en el que México cayó cuatro lugares de un año a otro (de 2014 a 2015). En 2014 estaba en el lugar 10 de 24 países de América Latina; bajó al lugar 14.
El segundo fue el índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional (TI), en el que México reprobó por cuarto año consecutivo con 35 puntos de 100 posibles.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) señaló que en México es habitual que el sistema penal ordinario no logre proporcionar justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos a causa de la corrupción, la falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos.
Fuente: The Economist
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