El Juzgado Octavo de Distrito concedió el auto de formal libertad a Gisela Peraza Villa, la exama de llaves de la Casa de Gobierno, encarcelada injustamente durante cuatro años por el gobernador Guillermo Padrés, bajo el señalamiento de robo de una maleta llena de dinero y joyas.
“En estos momentos no puedo hablar, sigo en shock, o sea, todavía no me la creo”, expresó tras ser liberada del Centro de Readaptación Social 1, con sede en Hermosillo, Sonora.
Una media centena de personas celebró la liberación de la exempleada de la Casa de Gobierno y se agolpó para abrazarla y felicitarla por superar los obstáculos impuestos desde el Ejecutivo estatal.
Tras la algarabía, Peraza Villa dijo que los próximos días se dedicaría a disfrutar de su libertad en compañía de su familia y se abstuvo de hacer más comentarios.
La extrabajadora en la casa donde vive el gobernador cumplió una condena de más de cuatro años sin que se le comprobara su culpabilidad y hasta hace unas horas fue liberada. Sólo ella sabe lo que vio y escuchó en esas paredes que guardan los secretos de cama del matrimonio Padrés.
Tras su detención el 13 de marzo del 2011, la trabajadora doméstica fue torturada por elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) para que confesara culpabilidad, según dijo, y aún tiene lesiones de esos golpes.
El pasado 2 de junio cumplía su sentencia, pero un día antes, personal del centro de reclusión femenil, presuntamente encontró cinco “globitos” de crystal debajo de su cama. Por esta razón, las autoridades del penal la enviaron a la celda de castigo y su situación legal se agravó.
Gisela trabajó por nueve años con la familia Padrés y hace cuatro fue acusada de robo en presunta complicidad con un agente policiaco, sobrino del actual secretario de Seguridad Pública estatal, Ernesto Munro Palacio.
La exama de llaves gubernamental estuvo recluida en el Cereso I, de Hermosillo. Posteriormente fue trasladada a Huatabampo, luego a San Luis Río Colorado y de nuevo fue regresada a Cereso femenil de esta capital de donde debió salir libre el pasado martes 2.
Desde el 2 de junio, su madre Eloísa Villa Luna y su hermana Delma Peraza, han acudido a las puertas del Palacio de Gobierno a exigir la liberación de Gisela.
ACUSADA DE DISTRIBUIR DROGA EN EL PENAL
A pocas horas de su liberación, Gisela Peraza Villa fue sometida a una revisión en su celda y de acuerdo a la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el martes 2 de junio, a las 9:00 horas, las autoridades del Cereso I, la pusieron a disposición de esta fiscalía.
En el escrito, dijo la autoridad, se hizo una revisión a la celda y se encontraron en el interior cinco envoltorios de crystal, con un peso aproximado de 0.32 gramos.
Para el miércoles 3 de junio, a las 13:30 horas, la Procuraduría consignó el caso ante el juez Octavo de Distrito, por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de venta.
El reportero buscó entrevista para conocer la postura del gobernador Guillermo Padrés Elías sobre el caso de su exempleada doméstica, pero en la oficina Comunicación Social se informó que se encuentra fuera de la ciudad.
DESACATA RECOMENDACIÓN DE LA CNDH
El 11 de noviembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 54/2013 dirigida al gobierno del Estado de Sonora, que señala:
“La mujer que laboraba como ama de llaves en la Casa de Gobierno de Sonora sufrió tortura, detención y retención arbitraria, por parte de elementos de ese gobierno y de la Policía Estatal Investigadora”.
Expuso que: “Gisela Peraza fue acusada de haber robado una maleta con dinero, razón por la cual elementos de la Policía Estatal Investigadora la esposaron y trasladaron a sus instalaciones, donde fue interrogada, golpeada, insultada y se le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla”.
Asimismo, consigna que Gisela fue liberada el 18 de marzo del presente año y el 5 de abril fuera detenida nuevamente:
“La llevaron a sus instalaciones donde la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en una cobija, le amarraron las manos, la patearon y echaron agua en la cara para ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero robado; cabe resaltar por el mismo hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también fue detenido y torturado”.
Y por último, ordena: “El Gobierno de Sonora debe proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas y se les brinde la atención médica y psicológica necesaria, con el fin de que se restablezcan su salud física y emocional”.
Fuente: Proceso
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