Edgardo Buscaglia asegura que Ley de Seguridad interior pone en riesgo a los mexicanos
Asegura que lejos de enfrentar la violencia la alienta, pues la legaliza al interior de las instituciones del Estado
Luego de que el día de ayer fuera aprobada en comisiones la Ley de Seguridad Interior, las críticas no se han hecho esperar y partidos de oposición, académicos y organizaciones civiles han alzado la voz en contra de esta decisión de los Senadores.
Uno de ellos es el investigador Edgardo Buscaglia, quien acusó que se trata de una ley fallida que sólo pudo salir de una mente fallida. Consideró que todo mexicano lúcido debería unirse, no sólo para protestar, sino para presentar una contrapropuesta o alternativa a ella.
El investigador participó en el Foro de Análisis Impunidad en México, convocado por el Centro de Información y Tecnología para la Democracia, AC, donde hizo un llamado a crear redes ciudadanas para enfrentar acciones como la Ley de Seguridad Interior.
Información de la revista Proceso detalla la postura del argentino, quien coincidió con organizaciones civiles en que esta ley violaría los derechos humanos de forma flagrante y pone en riesgo la seguridad de los mexicanos.
“Es una ley que pretende justificar legalmente las prácticas abusivas. Es una ley que no tiene controles políticos adecuados para el presidente a la hora de declarar la intervención de un Estado o de un municipio. Es una ley que no tiene controles judiciales adecuados, donde el fiscal está ausente del control de los operativos militares”, comentó.
De acuerdo con el análisis de Buscaglia, se trata de una ley que tiene carácter autoritario y favorece a la delincuencia organizada porque la legaliza al interior de las instituciones del Estado.
Destacó que este marco jurídico sólo garantiza la represión y está diseñado para frenar las protestas ciudadanas.
A su parecer, gobiernos como el de Peña Nieto tienen “pavor al empoderamiento ciudadano, a que la sociedad civil cada vez más se vuelva exigente y es por eso que crean estas herramientas legales para tener un marco jurídico para reprimirlos. Todo esto con la excusa de reprimir toda protesta que no sea pacífica, concepto que es muy relativo”.
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