La Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido acreditar la responsabilidad de José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en el delito de desaparición forzada, porque las pruebas que posee no confirman que ellos ordenaran a policías la detención y pidieran a los narcotraficantes la presunta ejecución y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, revelaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.
Los funcionarios entrevistados señalaron que aunque las indagatorias se han concentrado de manera directa en la oficina del titular de la PGR y que a pesar de que se han establecido mesas de trabajo con agentes del Ministerio Público Federal para analizar los avances y resultados de las investigaciones, por ejemplo, las indagatorias no han logrado precisar el número de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que acudieron a la movilización del 26 de septiembre del año pasado al municipio de Iguala y que fueron atacados por policías municipales de ese ayuntamiento y de la comunidad de Cocula.
Las investigaciones han dado como resultado la detención de 80 personas, entre ellas el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quien estaba al frente del DIF de ese ayuntamiento, y entre las pruebas recabadas por la PGR se encuentra una grabación obtenida de la frecuencia policial de Iguala la noche del 26 de septiembre, en la cual se escucha la voz del ex alcalde ordenando a los agentes a su mando que detuvieran “como fuera” a los normalistas.
Esa orden; sin embargo, indicaron las fuentes consultadas, no significa en términos legales que haya ordenado la ejecución, por esa razón, explicaron, se trató de convencer a Pineda Villa que aportara más elementos respecto de lo ocurrido esa noche y al día siguiente con ella y su esposo.
Según las indagatorias, la PGR ha señalado que Pineda Villa y su esposo fueron los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas, pero en su indagatoria aún falta que se acredite por qué no sólo fueron detenidos como lo ordenó el ex alcalde, sino agredidos a tiros y posteriormente entregados a los miembros de Guerreros Unidos.
Explicaron los funcionarios que la indagatoria por desaparición forzada aún carece de elementos, como quién y en qué momento ordenó que los policías dispararan contra los estudiantes, en qué momento el alcalde y su esposa acordaron con el jefe de la policía de Iguala y los líderes de Guerreros Unidos que se les asesinara. Los testimonios obtenidos solamente indican que El Gil (quien no ha sido detenido) pidió autorización al presunto líder máximo del grupo, Sidronio Casarrubias, haciéndole creer que los normalistas pertenecían a otro grupo criminal, a pesar de que algunos participantes han dicho que las víctimas les decían que eran estudiantes.
Asimismo, la indagatoria no ha precisado, indicaron las fuentes, si todos los normalistas desaparecidos todos fueron llevados a la zona del basurero de Cocula.
Tomado de La Jornada
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