El 12 de mayo de 2014, la activista Sandra Luz de Hernández fue asesinada a plena luz del día en Culiacán. Le tendieron una trampa: la citaron para “decirle en dónde estaba” su hijo Édgar García Hernández–un ex empleado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa–y allí la mataron. Por entonces, ella exigía a la Procuraduría que investigara la desaparición del joven, acusando que dentro de la misma dependencia podrían estar los asesinos. El mismo día de su muerte había sostenido una reunión con funcionarios del organismo.
Fue la misma PGJE la que absolvió y liberó el pasado 13 de marzo al que presentó como asesino confeso, Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, sin que la autoridad acreditara pruebas. El periódico Noroeste confirmó con cuatro fuentes diferentes, dos de ellas del Poder Judicial, así como de los registros de acuerdos de juzgados, la sentencia absolutoria que otorgó el Juzgado Noveno Penal de Culiacán a favor de Valenzuela Rodríguez, bajo el argumento de falta de pruebas, pese a que en su declaración ministerial aceptó ser el homicida de la activista.
¿Un apoyo falso o una averiguación fallida?
La muerte de Hernández causó indignación social. Incluso se replicó con organismos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, Artículo 19 y Human Right Watch, quienes catalogaron el hecho como un atentado contra los derechos humanos.
“Nadie se va impune, tarde que temprano, pero en algún momento nos vamos a encontrar con esos responsables de esos delitos que lastiman mucho a la entidad”, expresó el Gobernador Mario López Valdez dos días después del homicidio. En su momento, también la Secretaría de Gobernación condenó el asesinato y pidió a las autoridades “una investigación exhaustiva”.
Como respuesta, el 20 de mayo, ocho días después del asesinato, la PGJE presentó a Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, acusado de ser el autor material del asesinato de la activista.
“No tenemos ninguna duda de que va una averiguación plenamente fortalecida y plenamente aclarada”, aseguró Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador de Justicia, en conferencia de prensa, donde incluyó una relatoría de hechos, fotos y videos.
Sin embargo, esa “averiguación fortalecida y aclarada” no resultó suficiente en el juicio, no soportó los argumentos de la defensa que el 13 de marzo de este año ganó una sentencia absolutoria que otorgó libertad a Valenzuela Rodríguez, misma que se impugnó por parte del Ministerio Público, para continuar el proceso en una segunda instancia, pero esta vez en libertad.
Apenas investigando “Posible violación a los derechos humanos”
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación de oficio por el caso de Sandra Luz Hernández, luego de la absolución que se dio al único acusado de su asesinato, donde incluso se hizo el señalamiento de posible tráfico de influencias al interior del Poder Judicial.
Juan José Ríos Estavillo, presidente del organismo público, indicó que el ombudsman local solicitó al Supremo Tribunal de Justicia y a la Procuraduría General de Justicia los elementos que conformaron la absolución y los señalamientos, a partir de que pudo haberse violado los derechos humanos de la activista Sandra Luz Hernández y su familia.}
Por su parte, integrantes del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses exigieron la creación de un observatorio que investigue la actuación de las instancias implicadas en la liberación del asesino confeso.
Mientras tanto, la Procuraduría, explicó el funcionario defensor de derechos humanos, deberá demostrar que integró un expediente de manera correcta, además de fundar las declaraciones por tráfico de influencias y conflicto de interés.
En ese sentido, el Poder Judicial deberá mostrar los elementos con los que deslindó responsabilidades sobre el posible tráfico de influencias, así como mostrar cómo se conformó la resolución que fue absolutoria.
Ríos Estavillo dijo que luego del análisis que se haga por la Comisión, se presentará una resolución que indicará posibles responsabilidades de comprobarse violación a los derechos humanos.
Por su parte, María Teresa Guerra Ochoa, agremiada del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, cuestionó la actuación de la Procuraduría estatal y del Supremo Tribunal de Justicia.
“Hasta ahorita en otros casos, hemos observado que los dos han fallado; es común que se avienten la pelota, que traten de exculpar su responsabilidad y que el Poder Judicial diga que quien no integra bien las averiguaciones es la Procuraduría de Justicia, y que por otra parte en el caso de la Procuraduría se diga que los jueces… y los magistrados no están haciendo el trabajo como es debido”, criticó.
“Para evitar este peloteo, que la sociedad no se merece, que la familia de Sandra Luz no se merece… lo mejor es generar ese observatorio, e independientemente de él hacer la observación y el análisis en la Comisión Estatal y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, manifestó.
Consideró que si hubo tráfico de influencias, como lo insinuó el Procurador Marco Antonio Higuera, lo obliga a presentar una denuncia formal.
“Es un caso que amerita que no quede solamente en un señalamiento, es una imputación grave, que de confirmarse, debería dar lugar a una no solamente posible destitución del juez, magistrado, si fuese el caso, sino una sanción de carácter penal o administrativo”, dijo.
Con información de Sin Embargo
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