En el marco de su Tercer Informe de Gobierno, el miércoles pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó lo que ha sido una constante de su gobierno en momentos de crisis: un nuevo decálogo que sumado a los que hizo públicos desde que era precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), suman ya 100 objetivos que se refieren a temas fundamentales como el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos, a combatir el hambre y la corrupción. La mayoría aún se mantienen como los grandes pendientes.
Los decálogos de Peña Nieto son hasta ahora ejes de una estrategia que no ha logrado aterrizar. Durante su Informe de Gobierno, el Primer Mandatario presentó “10 medidas para nuevos desafíos”, lo que representa su cuarto decálogo ya como Presidente.
Expertos han criticado que cada que se registra una crisis, el gobierno federal acude a la estrategia de presentar decálogos para solucionar, el problema en turno. Desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 2 de septiembre de este año, el Presidente ha presentado cuatro decálogos, es decir, uno cada 8.2 meses.
Los especialistas ven este recurso como una “ especie de buenas intenciones”, en tanto, organizaciones perciben “desconfianza” en el anuncio del último.
De los cuatro decálogos de Peña Nieto como Presidente, dos hacen alusión al tema de la justicia y derechos humanos, uno a la Reforma Energética, y el cuarto resume todos los anteriores.
Uno de los grandes pendientes es el tema que señala en el decálogo “Medidas por la Paz, la Unidad y la Justicia en México, referente al tema de la corrupción. Hasta ahora, no hay señales de una buena implementación de la Ley Anticorrupción, debido a la modificación previa de 22 leyes secundarias.
En materia de seguridad está pendiente la creación del número de emergencias 911 y la controvertida desaparición de las policías municipales.
En materia de derechos humanos, para la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), conformada por 74 organizaciones en 22 estados de la República Mexicana, existen tres puntos del último decálogo en el que encuentra divergencias.
En el primer punto del decálogo: Impulsar nuevas leyes para fortalecer el Estado de Derecho.
“El Presidente sigue con una idea donde se considera que las leyes por sí mismas podrán cambiar la situación del país y pienso que esto es grave porque a pesar de que tenemos unas de las mejores leyes en el mundo, vemos que éstas no se implementan y que no tienen repercusiones, no hay un marco normativo adecuado”, expresó Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red TDT.
“Vemos cómo a partir de este primer punto del decálogo no hay una voluntad política para aplicar las leyes”
El segundo punto es el artículo tercero del decálogo: Impulso al desarrollo de las regiones con mayor rezago para combatir la pobreza y la desigualdad.
“A partir de que el gobierno priista llegó a la Presidencia ha habido una agudización de los programas sociales para la manipulación política y el control de los territorios, esto resulta muy grave porque se aprovecha de la gran necesidad que tienen las comunidades para instrumentar programas que tienen que ver con manipulación política”, detalló Ríos Martínez.
Por ejemplo, dijo, lo vimos recientemente con las elecciones en Chiapas, cómo el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PRI se apoderaron de los programas sociales para manipular el voto, “el gobierno plantea implementar programas sociales para utilizarlos a su favor en las elecciones”.
El tercer punto que la organización rebate es el noveno del decálogo: Se acelera el desarrollo de la infraestructura nacional incluyendo el sector energético.
“Nos parece que notamos un abaratamiento de nuestros recursos, se están ofreciendo a capital extranjero en detrimento de nuestras comunidades y de su patrimonio, vemos que desde que entró en consulta la Reforma Energética no hubo transparencia, no hubo diálogo con la sociedad afectada”, aseguró el secretario ejecutivo de la Red TDT.
Indicó que actualmente las leyes establecidas en materia energética son implementadas para despojar a las comunidades, lo que aumenta las protestas y la movilización de las organizaciones que luchan para se respete su vida y su patrimonio.
Fuente: Sin Embargo
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