Gracias a la complicidad de autoridades penitenciarias, Los Zetas obtenían en la prisión de Topo Chico unos 15 millones de pesos al mes por cobro de cuotas, venta de droga y otros negocios, fondos que permitían financiar la narcoguerra que asolaba al estado de Nuevo León en ese periodo, advirtió la Sección Segunda de la Séptima Zona Militar al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz desde la mitad de su adminstración.
No fue la única: investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León publicaron el libro Prisión y familia: retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI, en el cual se documentaba la tragedia que viven las familias de los reos en los penales del estado.
Además, organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la bomba de tiempo que amenazaba a las cárceles al juntar peligrosos reos del crimen organizado con internos detenidos por delitos comunes.
El penal del Topo Chico albergó hasta antes de la masacre de la madrugada del pasado jueves a más de 3 mil 900 reclusos y su capacidad máxima es para unos 2 mil 500.
“A cada nuevo interno le exigen una cuota para no ser golpeado o asesinado que en promedio va desde los mil 500 pesos semanales y hasta 50 mil mensuales”, aseguró Consuelo Morales, directora de la Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).
Los familiares de los internos pagan esas extorsiones semanal o mensualmente con “abonos” que rondan entre los 500 ó 2 mil pesos. Enfatizó que Cadhac tiene evidencias que cerca del 60 por ciento de los internos pagan esas extorsiones.
Además, la directora de la asociación mencionó que el autogobierno de Los Zetas en el penal del Topo Chico controla la venta de drogas, la comida, los espacios para dormir, el agua y todo tipo de artículos.
En Nuevo León, el 31 de diciembre del 2011, Los Zetas mostraron el control que mantenían sobre el Topo Chico. Ese día que montaron un operativo para sacar de la prisión a Gabriela Muñiz TamezLa Pelirroja y colgarla en un puente peatonal de una importante avenida de Monterrey, debido a que era la novia de un capo del Cártel del Golfo. La imagen de la mujer ahorcada con el torso desnudo le dio la vuelta al mundo.
A pesar de la advertencia que le hacía el Ejército, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz no movió ningún dedo para retomar el control del penal, incluso cuando los asesinatos de custodios y jefes de guardias ocurrían cotidianamente.
Tras la derrota del PRI en Nuevo León, el nuevo gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón solicitó a Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad, el traslado de los reos del fuero federal a cárceles federales. Acordaron el traslado paulatino de reos, pero el convenio sólo se quedó en papel y se reactivó hasta que ocurrió la matanza de los 49 internos del Topo Chico.
Uno de los presos que iba a ser trasladado era Jorge Iván Hernández Cantú El Credo, el capo zeta que controlaba el Topo Chico, pero fuentes policiacas le advirtieron y se amparó para que no fuera removido de esa prisión. Mientras que Juan Pedro Saldívar, El Z-27, llegó al Topo Chico gracias a un amparo que lo sacó del Cereso de máxima seguridad de Matamoros, otorgado por un corrupto juez que argumentó que el reo no tenía que estar en ese tipo de penales.
A pesar de que ambos eran miembros de Los Zetas, los capos se disputaban el control del Topo Chico. Los dos se movían en el interior rodeados con 20 reos que hacían la función de escoltas y que cuidaban día y noche, en sus lujosas celdas donde disfrutaban los placeres que ofrecen los hoteles cinco estrellas.
Cotidianamente llegaban a sus celdas mujeres que aparecían en algunos programas nocturnos de la televisión local, pero si las esposas, hermanas o hijos de los internos les atraían, mandaban por ellas. Debido a esa situación, la mujeres jóvenes que acudían al Topo Chico lo hacían sin maquillaje, con ropa sucia y lo más desaliñadas posible.
Este sistema es posible gracias a la complicidad de las autoridades penitenciarias y al gran déficit de custodios que alcanza un 84 por ciento. Es decir, actualmente a cada guardia le toca vigilar por lo menos a 100 prisioneros.
El informe de la inteligencia militar destacaba que al menos cinco millones de pesos del total que obtenían Los Zetas en el Topo Chico se destinaban a los sobornos de custodios, jefes de guardia comisarios y los directivos del centro de reclusión. En los círculos militares se rumoreaba que los sobornos también llegaban a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) puntualizó que este autogobierno no es exclusivo del penal de Topo Chico, y que lamentablemente en muchos penales del país sucede.
“Cerca de las 389 cárceles que hay a nivel nacional, más del 70% tenemos hacinamiento, condiciones de ingobernabilidad, saturación. Es un tema que frecuentemente se reitera con los gobernadores de los estados”, señaló.
El penal de Topo Chico operaba de manera similar al resto de las prisiones controladas por el crimen organizado en la región, entre los que destacan Altamira, donde salen el 80 por ciento de las llamadas de extorsión que se hacen en el noreste.
En el Cereso de Gómez Palacio, Durango, integrantes del crimen organizado presos salían por las noches en vehículos y con armas oficiales a realizar una serie de matanzas que ocurrieron en bares de Torreón, Coahuila.
El caso más dramático y escandaloso ocurrió en el Cereso 2 de Piedras Negras, donde Los Zetas asesinaron entre el 2009 y 2011 a más de 150 hombres y mujeres cuyos cuerpos incineraron. Incluso en esa cárcel se escondía el capo zeta Omar Treviño Morales, El Z-42, cuando la Marina realizaba operativos para capturarlo. En septiembre del 2012, 132 reos decidieron salir por la puerta grande de esa cárcel.
También te interesará:
Sé parte de la conversación