Pese a esto, aún no será detenido debido a un proceso de apelación
“Al combinar el comportamiento con los episodios en los que orientó a terceros para que destruyeran pruebas, uno podría considerar decretar la prisión preventiva del expresidente”, dijo el juez que lo sentenció
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado a nueve años y medio de prisión por los cargos de corrupción y lavado de dinero.
La condena la hizo el juez federal Sergio Moro, quien aclaró que Lula da Silva aún no será detenido ya que está en medio de un procedimiento de apelación, sin embargo, Moro dijo que se debería considerar la prisión preventiva al existir evidencia de que el exmandatario intentó desestabilizar las investigaciones, de acuerdo con una nota publicada por The New York Times.
“Al combinar el comportamiento con los episodios en los que orientó a terceros para que destruyeran pruebas, uno podría considerar decretar la prisión preventiva del expresidente”, aseguró el juez.
Cabe señalar que esta medida se da en el marco en el que el político encabeza las encuestas de preferencia para las elecciones del próximo año. Por ello, este caso será analizado por un grupo de magistrados, quienes de ratificar la condena, la ley brasileña dice que se le prohibirá a Da Silva que pueda postularse al cargo.
Sobresale que este político es investigado por su relación con OAS, la cual es una de las constructoras que recibieron contratos con el gobierno de Lula da Silva y de su sucesora, Dilma Rousseff, misma que supuestamente obtuvo beneficios por restaurar las propiedades que habitan el expresidente y su familia, como una casa de campo y un departamento en la playa.
Además, este caso forma parte de una investigación de corrupción masiva, la cual ha afectado a gran parte de la política brasileña al encarcelar a ejecutivos de negocios y políticos de élite.
Así, Da Silva, quien actualmente tiene 70 años de edad, se ha visto relacionado en diferentes procesos legales gracias a su relación con grandes constructoras que se vieron beneficiadas al obtener contratos gubernamentales muy lucrativos.
Resalta que esta es la primera vez desde que se aprobó la constitución de 1988, después de la dictadura, que un expresidente es condenado por delitos penales.
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