Medida para bajar salarios atenta contra la independencia del Poder Judicial: magistrados y jueces

El magistrado Vega señaló que en una democracia no hay cabida para jueces dóciles al servicio de nadie

“Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores”, consideró

Integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) acusaron a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de pretender una intromisión indebida en la justicia federal, misma que estaría disfrazada de ejercicios modernizadores como la medida al recorte salarial de juzgadores.

Luis Vega Ramírez, magistrado y presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, señaló que en una democracia no hay cabida para jueces dóciles al servicio de nadie, pese a la campaña de desprestigio que, dijo, tienen en su contra, informó Reforma.

“Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores que supuestamente harán más eficiente a la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos. Sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho“, consideró hoy en el Palacio de Justicia de San Lázaro.

“Reiteramos que el componente salarial es sólo una de las variables que conforman la independencia judicial. Sin embargo, el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido que incluyen rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la Judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros Poderes de la Unión”, agregó en su posicionamiento.

El magistrado aseveró que han querido posicionar un falso discurso en contra de los juzgadores, a quienes se les señala como privilegiados quienes viviría del abuso del erario, pues sus ingresos serían cantidades excesivas, de más de 600 mil pesos mensuales, los cuales no corresponden ni cercanamente a la realidad, sostuvo.

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Vega Ramírez también destacó que la irreductibilidad salarial no es un privilegio y sí una de las diversas garantías de independencia de la Judicatura, misma que está reconocida por la Constitución y los tratados internacionales que México se ha comprometido a cumplir.

“En un auténtico régimen de división de Poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie”, manifestó.

“La independencia no es un manto de impunidad, es el derecho humano que cada mexicano tiene para que un juez federal lo defienda de los abusos de las autoridades, por que no puede llamarse democrático un país en donde no haya contrapeso de Poderes”.

Insistió en que los jueces y magistrados presentaron diversos amparos contra las acciones sistemáticas e intentos de injerencia legislativa en la vida interna del PJF, por lo que quedarán atentos a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La impartición de justicia como servicio público es especialmente relevante en el contexto que vive nuestro País, ya que en democracia es el Poder Judicial el encargado de vigilar el respeto al Estado de Derecho. Está llamado a fungir como contrapeso frente a otras autoridades y asegurar que los derechos fundamentales de todos los mexicanos, en particular de las minorías, no sean violentados”.

“El riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndoles pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones”, afirmó.

Aunque los otros Podres de la Unión han criticado duramente su actuación, el magistrado consideró que no debe prevalecer un clima de confrontación, por lo que ofreció un diálogo abierto.

“Lo que se requiere no es el enfrentamiento no los señalamientos. Lo que se propone es el diálogo, la coordinación y el entendimiento entre Poderes dentro del marco de competencias exclusivas, autónomas e independientes creado por la Constitución para cada uno de los órganos del poder público. El pueblo merece y exige actuar dentro del Estado de Derecho”, puntualizó.