La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió 500 denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en México.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió 500 denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en México, el mayor número registrado entre los países del continente americano durante 2014, según se da a conocer en el informe anual del organismo internacional.
Además, de las 93 medidas cautelares solicitadas para México (mecanismos de protección para evitar daños irreparables a las personas que denuncian), la CIDH concedió seis, entre las que se incluye a los estudiantes sobrevivientes de la normal rural de Ayotzinapa y la testigo de la presunta ejecución de civiles en Tlatlaya, Estado de México, debido a la gravedad de los casos.
El informe de la CIDH hace un comparativo entre los 26 países del continente y solo Colombia rebasa a México, al registrar 158 peticiones de medidas cautelares, de las cuales se otorgaron siete.
México ocupa el primer lugar en el número de peticiones (500) para que la CIDH investigue los casos sobre violaciones a derechos humanos cometidos en el país; el segundo lugar es Colombia con 396, le sigue Perú con 165 y Argentina con 124 casos. El resto de las naciones registraron menos de 100 denuncias.
Los siete miembros de la CIDH además tiene 2 mil 212 peticiones pendientes “de estudio inicial” provenientes de México, el mayor número con respecto al resto de países. A estos se suman 130 casos que se encuentran en trámite de análisis.
En las estadísticas comparativas se destaca que de los casos enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos provienen de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Suriname.
Desde 2006, la CIDH ha concedido 50 medidas cautelares en México y ha enviado seis casos sobre violaciones a derechos humanos cometidos en el país a la Corte Interamericana.
Las medidas cautelares de 2014 en México
Durante el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto ocurrieron dos graves hechos de violaciones a derechos humanos que han repercutido internacionalmente. En ambos, la CIDH dictó medidas cautelares para evitar que las víctimas sufrieran daños irreparables.
1) Los 43
El 3 de octubre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. En la recomendación al Estado Mexicano se instruye a que “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal”. Además, que haga lo necesario para “proteger la vida e integridad personal de los estudiantes heridos, quienes actualmente estarían ingresados en un hospital”.
2) Caso Tlatlaya
Clara Gómez González se encuentra en riesgo por ser testigo y sobreviviente de la presunta ejecución extrajudicial de 22 personas el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya. Por ello, “tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra, en principio, que Clara Gómez González y su núcleo familiar se encuentran en situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en un estado de riesgo inminente”, indica el informe. El 10 de octubre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Clara y su familia.
3) Desaparición de activistas
El 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Sofía Lorena Mendoza Martínez, Nicolás Mendoza Villa y sus respectivas familias. Esto porque “los derechos a la vida e integridad personal de estas personas están en riesgo”, luego de la denuncia presentada por la presunta desaparición forzada y posterior ejecución de los activistas Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, en el municipio de Iguala, estado de Guerrero.
4) Agresiones a defensores de derechos humanos
Prudencio Ramos Ramos y otros denunciaron haber sido amenazados y agredidos debido a sus actividades como defensores de la comunidad indígena Choreáchi, tras una presunta disputa territorial en la zona. Por ello, la CIDH solicitó la aplicación de medidas cautelares a partir del 6 de octubre de 2014.
5) Contra comunicadore
Debido a que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal estarían bajo riesgo inminente”, la CIDH concedió la petición de medidas cautelares hacia los miembros de la revista Contralínea, (Flor Maldonado Goche, Rosa López Mendoza, Mauricio Romero Patiño, Marcos Chávez Maguey, Erika Ramírez Pardo, Nancy Flores Nández, Zósimo Camacho Ibarra, José Nicolás Reyes Hernández y Miguel Badillo Cruz. En los alegatos se informa que fueron “objeto de amenazas y agresiones, debido a su condición de periodistas y al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”.
6) Desaparecido
Desde el 2 de octubre de 2013 no se conoce su paradero o destino de Daniel Ramos Alfaro, de 21 años, por lo que la solicitud de medidas cautelares alega que el joven “habría sido retenido por supuestos miembros de las fuerzas militares mexicanas mientras se dirigía hacia la comunidad de San Martín, luego de dictar clases en la escuela de la comunidad Betania”.
Dada la naturaleza de la situación denunciada, la Comisión solicitó información al Estado, que fue entregada el 22 de enero de 2014, pero “tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra, en principio, que el joven Daniel Ramos se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida y a la integridad estarían en riesgo”, por lo que otorgó las medidas cautelares.
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