La familia de la joven exige justicia
Las autoridades han presentado diversos argumentos para culpar a la muchacha de lo ocurrido
Monserrat Paredes Ávila falleció el 17 de noviembre del año 2015, luego de ser atropellada por un autobús de transporte público de la concesionaria Bicentenario RFM, sobre Avenida Paseo de la Reforma.
Desde entonces su familia reclama que las autoridades respondan por la mala planeación de las ciclovías, misma que contribuyó al accidente de la joven; sin embargo, a Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México resolvió que las Secretarías de Movilidad y Medio Ambiente no tienen responsabilidad alguna.
De acuerdo con una publicación de Noticieros Televisa, la Secretaría de Movilidad consideró que el atropellamiento “se trató de un hecho y circunstancia consentido por ella misma, puesto que se colocó por su propia voluntad en el evento”.
En un documento entregado a la familia de la joven, se especifica que ella usó voluntariamente el servicio y aceptó el riesgo como toda persona que circula en la Ciudad de México.
“Toda la planeación de ciclovías es culpa de mi hija. O sea, el que va y se mete a una ciclovía y lo atropellan, pues fue su bronca. El Gobierno no está obligado a planear ni a proteger peatones ni ciclistas”, explicó Gabriel Paredes, papá de la víctima.
Por su parte, el director general de Legalidad de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México, Fernando Carmona, declaró improcedente el argumento de la Secretaría de Movilidad, que prácticamente culpa a la joven.
La familia de Monserrat y sus abogados solicitaron a ambas Secretarías documentos que demuestren la planeación de esa estructura y la capacitación de los choferes de las empresas concesionarias.
Además de este argumento en el que culpan a la joven del accidente, ambas Secretarías se escudan en la Ley General de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México, donde se establece que el tiempo para reclamar una indemnización por un accidente en la obra es de un año.
Dado que la ciclovía fue puesta en operación en el año 2012 y el accidente ocurrió en 2015 entonces ya prescribió.
Un tercer argumento es que no hay una causa-efecto en el accidente.
“Hay una causa eficiente, una causa origen y esa es la construcción de forma negligente de una ciclovía o una vía compartida entre un servicio público concesionado y las bicicletas”, afirmó Alejandro Martínez, abogado de la víctima.
La resolución administrativa negó a la familia 140 millones de pesos que piden de indemnización, por lo que la Contraloría General de la Ciudad de México estableció un plazo de 15 días hábiles a partir del 22 de noviembre pasado para que la familia Paredes Ávila apele.
Según el papá de la víctima, tras la detención del chofer todo parecía ir bien pero “a la hora del juicio hubo muchas deficiencias de parte de los fiscales y el Ministerio Público. No sabían cómo incorporar las pruebas al juicio”.
Esto contribuyó a que a la fecha no se cuente con “un supuesto culpable de este hecho. El transporte público sigue en la impunidad total, no, siempre son como protegidos, ¿por qué?, no sé si hay intereses del Gobierno ahí atrás”, agregó.
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