Al menos 31 de las mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales por parte de los policías
Este jueves, cuatro mujeres víctimas de Atenco, Estado de México, declararon ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José, Costa Rica, haber sido víctimas de tortura sexual en un operativo policiaco ocurrido en mayo de 2006.
En compañía de representantes de la organización Centro Prodh y del Estado mexicano, hablaron de este operativo que tuvo lugar durante la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.
De acuerdo con una publicación de Sin Embargo, estas mujeres acusaron que la tortura sexual es una práctica particular de control social contra las mujeres, por lo que es importante la perspectiva de género en la investigación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó el caso en 2011 y en octubre de 2015 resolvió a favor y declaró que 11 mujeres en Atenco habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades.
Ante ello, las víctimas exigen que se esclarezca el caso detectando la cadena de mando, pues no han sido consignados los responsables a nivel estatal y federal, además de que las autoridades mexicanas llamaron “mentirosas” a las denunciantes.
Las víctimas fueron detenidas de manera ilegal y estuvieron presas durante años, hasta que la falta de pruebas permitió su liberación.
Norma Aidé Jiménez Osorio es una de las victimas. Era estudiante de artes plásticas en el INBA y colaboraba para una revista independiente, por lo que acudió a Atenco el 4 de mayo de 2006 para tratar de documentar lo que había ocurrido un día antes como “un profundo acto de solidaridad”.
El día del ataque fue golpeada en la espalda y cabeza con un tolete. Cayó al piso, alrededor de 10 policías, vestidos de negro y con escudos se acercaron, la patearon y le quitaron la mochila.
Después de ser golpeada y víctima de acoso sexual, no pudo terminar la carrera porque los dedos de sus manos quedaron afectados. Ahora es profesora de arte en una escuela y dedica todo su tiempo para acompañar a las víctimas de tortura sexual.
Mientras corría al pueblo de Texcoco alguien la golpeó . Aunque les dijo que estaba documentando, se burlaron y la arrastran entre camiones. La llevaron a otro autobús que estaba detenido y vacío. En el último asiento más de tres policías le arrancaron el pantalón, metieron su mano debajo de su blusa, ropa interior, la mordieron, y con los dedos penetraron su vagina. Tomaban turnos para hacerlo. Después llegaron más personas y pudo escuchar cómo torturaban a otras mujeres.
Luego de ello fueron trasladadas a un penal, donde estuvieron durante horas en un comedor, pero no les dieron agua, ni les respondieron preguntas. Por la noche un doctor le revisó los golpes. Tenía rotos los dedos de la mano, pero no fue atendida.
Estuvo un año en prisión hasta que la liberaron por falta de pruebas.
“La tortura sexual destruye vidas y familias. A las sobrevivientes nos ha tocado repararnos solas”, aseguró Norma, quién exigió esclarecer lo que ocurrió, ya que las han llamado mentirosas y dijo merecer que se reconozca que ellas han dicho la verdad.
Otro de los caso es el de Bárbara Italia Méndez Moreno. En 2006 colaboraba con una fundación que atiende a menores en vulnerabilidad social y pretendía documentar el caso de Javier Cortés, el niño asesinado en la carretera Lechería.
Desde una casa, aquel día comenzó a escuchar muchos pasos y detonaciones. La elementos de Policía Federal Preventiva entraron al domicilio, la detuvieron y la sometieron a interrogatorio.
Al sacarla del domicilio la manosearon, en un camión la violaron, la trasladaron a un penal. Ahí ella acusó que tenía mucho dolor en los senos y tenía lastimada la vulva por la violación, pero no la atendieron.
Pese a haber denunciado y haberse sometió a prueba de semen, eso no fue suficiente para la Fiscalía, por lo que estuvo dos años detenida señalada de ataques a vías de comunicación, hasta que fue absuelta.
Al dar su testimonio en Costa Rica, señala que las autoridades mexicanas las han hecho sentir pequeñas, teniendo que lucharcontra los traumas de lo sucedido.
Itlalia solicitó a la Corte exigir una investigación que logre sancionar a los actores materiales de nivel estatal y federal.
Como ellas, al menos 31 de las mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales por parte de los policías tanto al momento de la detención como en su traslado al penal durante la gestión de Enrique Peña Nieto el Estado de México.
Las víctimas enfrentaron procesos penales acusadas de ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado, todo ello en medio de violaciones a sus derechos humanos.
La CIDH recomendó en 2015 al Estado mexicano investigar de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad e implementar medidas estructurales encaminadas a prevenir la repetición de hechos similares.
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