La reportera Anabel Flores Salazar, del periódico El Sol de Orizaba, fue asesinada y su cuerpo lanzado a la cuneta de una carretera, confirmó la Fiscalía General del Estado de Veracruz, asegurando que el cuerpo fue “plenamente identificado por los familiares”.
La madre de 32 añosfue reportada como desaparecida por sus familiares el pasado lunes. De acuerdo con la versión de su familia, sujetos armados irrumpieron en el domicilio de la reportera en la unidad habitacional Puente Grande en Orizaba y la privaron de su libertad. Los hombres armados, quienes se transportaban en dos camionetas y vestían uniforme tipo militar, argumentaron que tenían una orden de aprehensión contra Flores Salazar.
La madrugada del domingo pasado, cerca de las 05:00 horas, Flores Salazar cubrió la nota informativa sobre la ejecución de un joven, identificado como Cristóbal Arellano, de ocupación comerciante y con domicilio en la colonia Hogar, de Ciudad Mendoza, en el bar Opus. Allí, una mujer de nombre Beatriz López Pérez, de 47 años, y un joven identificado como Carlos Naranjo Castro, resultaron heridos a balazos.
El titular de la Comisión Estatal de Atención y Protección para los Periodistas (CEAPP) de Veracruz, Jorge Morales, confirmó los hechos y dijo que “nos comentaron que era una reportera incisiva y daba información sobre la delincuencia organizada, laboraba en varios periódicos en la zona centro”.
Duarte de Ochoa informó en su cuenta de Twitter que “se activaron los protocolos para la búsqueda y localización de la reportera Anabel Flores Salazar”. Asimismo, confirmó que los vehículos en los que la comunicadora fue raptada tienen reporte de robo.
Sin embargo, Artículo 19 señaló en una alerta anterior que al conocer de la desaparición de la periodista, la Fiscalía tardó en atender a las víctimas y se abocó a emitir un comunicado donde criminalizó a Flores Salazar, en lugar de considerar su labor como periodista para realizar las pesquisas.
Y ahora, Anabel se ha sumado a la larga lista de periodistas asesinados durante su administración.
Veracruz es en la actualidad el estado de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en México. Cifras de la Procuraduría General de la República indican que del año 2000 a la fecha esa entidad registra el mayor número de comunicadores asesinados (17) y desaparecidos (4).
En 2015, la ONG internacional Artículo 19 documentó 67 agresiones en Veracruz, de las cuales sobresalen tres asesinatos y el desplazamiento forzado de cuatro periodistas. La entidad permanece como la más violenta contra la prensa en México. Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, 15 periodistas han sido asesinados
Según el informe estadístico de la Fiscalía para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en la administración del priista han ocurrido el 62 por ciento de los casos de comunicadores asesinados y el 100 por ciento de los desaparecidos en Veracruz.
Aunado a ello, Artículo 19 reportó que hasta el 31 de julio de 2015 había 37 periodistas desplazados de Veracruz por amenazas que se atribuyen al crimen organizado, al gobierno estatal y a los gobiernos municipales. Entre ellos se cuenta el caso de Rubén Espinoza Becerril, el fotoperiodista de Cuartoscuro, Proceso y AVC Noticias asesinado en la colonia Narvarte en el Distrito Federal.
En el caso de Espinosa, Artículo 19, Propuesta Cívica y otras agrupaciones exigieron el 4 de agosto que, si bien el crimen ocurrió en el DF, las investigaciones no descarten que tenga relación con las amenazas que el fotoperiodista y la activista Nadia Vera, otra de las víctimas, recibieron en Veracruz.
Un mes antes del asesinato de Espinosa, Duarte causó polémica al señalar en una reunión con periodistas veracruzanoz que “hay comunicadores que tienen vínculos con el crimen organizado” y advertir que su gobierno iría detrás de las “manzanas podridas”.
“Lamentablemente, algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con estos grupos y también están expuestos a esta situación”, dijo.
“¿Qué les quiero pedir, compañeras y compañeros? Y se los digo por ustedes, por sus familias, pero también por mí y por mi familia, porque si algo les pasa a ustedes al que crucifican es a mí… Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos”, agregó.
“La actitud recurrente de las autoridades de Veracruz de criminalizar a quien ejerce periodismo afecta la objetividad de su trabajo y su capacidad para proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión” acusó Artículo 19 en su más reciente informe sobre el caso de Anabel Flores Salazar.
En noviembre del año pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, emitió una alerta temprana para proteger la libertad de expresión en dicho estado. El documento revela que quienes acuden a esta institución señalan que las agresiones devienen en un 37.5% por policía estatal; 25% por autoridades municipales; 6.2% por policía municipal, elementos del Ejército, y elementos de la Marina, cada uno. Estas cifras públicas contrastan radicalmente con lo sustentado por las autoridades locales que ignoran este contexto.
Derivado del asesinato de Flores Salazar, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), inició un acta circunstanciada para coadyuvar en la investigación. Al respecto, Artícul 19 ha exigido a esa institución que inicie una averiguación previa sobre los hechos y comience a investigar de manera seria este asesinato, a fin de no duplicar el trabajo en la investigación y evitar que quede en la impunidad. “El simple anuncio de la apertura de un acta circunstanciada se lee más como un acto de simulación para evitar realizar una investigación seria de conformidad con sus obligaciones y facultades” señala la organización al respeto en su portal.
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