Según la agencia internacional Reuters, el Presidente Enrique Peña Nieto declaró información incorrecta a las autoridades sobre las circunstancias en las que obtuvo una de sus propiedades.
Reuters ha difundido esta información en sus despachos ordinarios. Con un prestigio ganado en todo el mundo suministra información a medios de comunicación y mercados financieros.
El reportaje sobre las propiedades del Presidente mexicano es firmado por Simon Gardner. Fue editada en español por Pablo Garibian y Ana Isabel Martínez.
Según la agencia, en la declaración patrimonial oficial presentada hace dos años por primera vez, Peña Nieto reportó que recibió una propiedad a través de una “donación”, o un obsequio, de su padre.
“No obstante, por medio de una solicitud de información pública,Reuters accedió a documentos que mostraron que Peña Nieto en realidad compró la propiedad en cuestión, un terreno de mil metros cuadrados en el pueblo de Valle de Bravo, en 1988 de manos de un tercero”.
La agencia internacional, que se especializa en temas económicos, dice que el Presidente de México pagó 11.2 millones de pesos, o unos cinco mil dólares de esa época, según el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Su declaración muestra a la propiedad valorizada en sólo 11 mil 200 viejos pesos o cinco dólares en esa época.
Reuters dice que no pudo determinar por qué Peña Nieto presentó la compra como una donación y declaró un precio menor.
“La declaración del Presidente revela otras ocho propiedades inmobiliarias, cinco de las cuales también son reportadas como donaciones. Reuters no pudo corroborar si estas cinco propiedades, que incluyen casas y terrenos, fueron declaradas correctamente”.
La agencia acudió a las oficinas del mandatario para que le explicaran sobre la discrepancia en los documentos; sin embargo, no obtuvo respuesta.
Sí le dijeron que esta misma semana el Presidente “actualizará su declaración patrimonial anual, con más detalles, dijo un funcionario de Los Pinos. Aunque no revelará los activos de su esposa porque ella no es una servidora pública y no depende económicamente de él, agregó”.
Simon Gardner afirma que consultó a diez abogados y profesores de derecho en importantes bufetes y escuelas de leyes mexicanas y todos concluyeron que la declaración incorrecta podría traer problemas legales al Presidente.
“La discrepancia entre los documentos de registro de la propiedad y su declaración oficial constituyen una declaración falsa a las autoridades, coincidieron”.
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