MÉXICO, D.F. (apro).- Un día después de haber promulgado la reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, la agencia Reuters reveló que el presidente Enrique Peña Nieto falseó su declaración patrimonial, particularmente en lo referente al procedimiento mediante el cual obtuvo un terreno de mil metros cuadrados en Valle de Bravo, Estado de México.
De acuerdo con una declaración patrimonial oficial presentada por primera vez en 2013, Peña reportó que recibió una propiedad a través de una “donación” o un obsequio de su padre Gilberto Enrique Peña del Mazo.
Según la agencia informativa, el Ejecutivo hizo pública su declaración hace dos años como parte de un esfuerzo por impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, y desde entonces ha actualizado y ratificado su declaración dos veces.
No obstante, a través de una solicitud de información pública, Reuters accedió a documentos que mostraron que Peña Nieto, en realidad, compró la propiedad en cuestión en 1988, de manos de un tercero.
Por ese terreno pagó 11.2 millones de pesos, o unos 5 mil dólares de esa época, según el registro, pero su declaración muestra que por la propiedad valuada se pagaron sólo 11 mil 200 viejos pesos o cinco dólares en aquella época.
Reuters no pudo determinar por qué el presidente mexicano presentó la compra como una donación y declaró un precio menor, y detalla que la declaración obtenida muestra una lista de otras ocho propiedades inmobiliarias, cinco de las cuales también son reportadas como donaciones, pero no pudo corroborar si éstas fueron declaradas correctamente.
Detalla, asimismo, que los funcionarios públicos mexicanos no tienen la obligación de explicar la fuente de los recursos utilizados para obtener propiedades que reciben como obsequio, pero se les requiere que declaren con precisión cómo adquirieron sus propiedades.
Y destaca que la oficina del presidente no quiso hacer comentarios, pese a que se le pidieron explicaciones sobre las discrepancias en los documentos.
Ayer,a tres años de haberse comprometido a crear una Comisión Nacional Anticorrupción, e inclusive prometer una iniciativa antes de tomar posesión, Peña Nieto promulgó finalmente las reformas en la materia que implicaron 14 cambios al articulado constitucional.
En su discurso calificó la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción como la reforma transformadora número 12, pues –sostuvo– se trata de un cambio de paradigmas, “una reforma contra la impunidad”.
De acuerdo con Peña Nieto, “para superar un problema estructural” se requiere “una respuesta estructural”, y a su juicio la reforma implica un cambio de paradigma, pues ahora quien incurra en actos de corrupción será sancionado y deberá resarcir el daño.
“Como Presidente de la República, estoy firmemente comprometido con el combate frontal a la corrupción y con el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo.
Abundó en que la reforma establece y articula el Sistema Nacional Anticorrupción, con un comité integrado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Fiscalía para el Combate a la Corrupción y la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y un comité ciudadano del propio Sistema.
Además, destacó que se fortalecen las facultades de la ASF, que ahora podrá reducir los tiempos de fiscalización, revisar ejercicios fiscales previos y conocer sobre ejercicio prespuestales de estaos y municipios.
La creación de una Comisión Nacional Anticorrupción fue una propuesta de Peña Nieto en mayo de 2012, cuando las movilizaciones del movimiento #yosoy132 parecían empañar un proselitismo que, conforme a los estudios de opinión, eran mero trámite.
El 21 de mayo de 2012, el mexiquense dio a conocer su “Manifiesto por una Presidencia Democrática”, en el que ya planteaba la creación de dicho sistema. El asunto no se volvió a tocar hasta que, en el contexto de las movilizaciones contra el resultado electoral, anunció tres iniciativas, entre ellas la creación del nuevo modelo anticorrupción.
La iniciativa jamás pasó, hasta el 27 de noviembre pasado, en medio de las movilizaciones que exigían justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, y del escándalo de la “Casa Blanca”, construida y financiada por el contratista gubernamental, Juan Armando Hinojosa Cantú.
Con información de PROCESO
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