México, D.F. a 13 de marzo de 2015.- El intento de criminalización de la empresa Exploraciones Oceánicas contra el periodista sudcaliforniano Carlos Ibarra Meza es un acto que atenta contra la libertad de expresión y que pretende amedrentar el trabajo del comunicador, quien en 2014 denunció las perforaciones ilegales que realizó la citada empresa en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur (BCS).
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad ha catalogado como prioritario el Golfo de Ulloa y lo ha reconocido por su alta productividad biológica. Más del 40 por ciento de la pesca de BCS se hace en esa zona, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Información publicada por Ibarra Meza, en el portal informativo BCS Noticias, ha dado cuenta de poco más de 360 perforaciones, sin permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que ha realizado Exploraciones Oceánicas, filial de la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations, con el objetivo de analizar la viabilidad de conseguir fosfato succionando del fondo marino –actividad conocida como minería marina.
Estas perforaciones han traído una serie de afectaciones ambientales, así como a los pescadores de la zona, aún cuando se encuentra en proceso una revisión del impacto ambiental de dicho proyecto por parte de las autoridades del medio ambiente en México, publicó el periodista.
Declaraciones de Luis Manuel Guadarrama, representante legal de Exploraciones Océanicas, ofrecidas al periódico El Sudcaliforniano, perteneciente a la Organización Editorial Mexicana, revelan que a consecuencia de las notas periodísticas publicadas por Carlos Ibarra Meza, la empresa lo demandó penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la presunta comisión de delitos “contra la economía pública”, que se castigan con prisión de tres a diez años de prisión.
“La denuncia es única en Baja California Sur… tiene como objetivo que deje de documentar lo que está ocurriendo con la empresa y las afectaciones al medio ambiente”, informó Carlos Ibarra.
La denuncia penal contra el periodista es desproporcionada y es en represalia a su labor informativa. El uso de ese tipo penal es peligroso, porque lo que se busca es encarcelar a toda aquella persona que se atreva a denunciar afectaciones al medio ambiente.
Además, desde que el periodista se enteró de la denuncia penal existente en su contra, la PGR no le ha permitido revisar su expediente, lo cual atenta totalmente a sus derechos de debido proceso y lo pone en situación de desventaja para defenderse.
Con información de Article 19
Sé parte de la conversación