La figura del arraigo –que organizaciones e instituciones internacionales de derechos humanos han criticado fuertemente– no será eliminada con la reforma del sistema penal, afirmó el subsecretario en Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, ante el Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, que finalizó hoy con el proceso de evaluación de México.
Robledo explicó que en el nuevo sistema penal mexicano “no desaparecerá” la figura del arraigo en 2016 y que, en todo caso, este recurso ha sido acotado de tal forma que en la práctica pocas personas eran arraigadas y durante menos de 40 días.
Mientras que en 2011 se registraron 2 mil 402 personas arraigadas, el año pasado esa cifra fue de 259, además de que solo queda en funcionamiento un solo centro de arraigo, informó el funcionario, quien reconoció que en el gobierno mexicano “hubo una toma de conciencia” en torno a los excesos que producía esa medida cautelar.
“Somos conscientes de los abusos a los que puede llevar el arraigo”, admitió.
El relator Luciano Hazan expuso a la delegación mexicana que no entendía la razón por la que el arraigo era necesario para asegurar las investigaciones y no podía sustituirse por otros instrumentos, como la presión preventiva, que no colocaran a los afectados en una situación de riesgo de desaparición forzada.
La delegación mexicana, a través del encargado del despacho de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la PGR, Guillermo Fonseca, estimó que la aplicación del arraigo es “fundamental” para garantizar la presencia del indiciado, proteger a las víctimas y cuidar la investigación, y dijo que en casos de lavado de dinero o secuestro “es muy útil”.
Los miembros del Comité expresaron que les causaba “confusión” el hecho de que en México una persona detenida en un centro penitenciario puede estar “desaparecida”. Uno de los miembros del Comité, Juan José López Ortega, señaló que no podía entender cómo podía estar desaparecida una persona si las autoridades penitenciarias tienen que registrar su identidad y sus familiares ser informados de su detención, como dicta el Convenio de la ONU contra la Desaparición Forzada.
El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, respondió que puede ocurrir que una persona detenida utilice un nombre falso, por lo que no hay que limitar la posibilidad de búsqueda de personas desaparecidas en las instalaciones penitenciarias.
Sin embargo, quedó sin respuesta de la delegación mexicana el comentario de López Ortega en el sentido de ampliar el registro de personas desaparecidas en instituciones y centros militares, preguntando específicamente a qué legislación, si estatal o federal, le correspondía la regulación de este aspecto.
A lo largo de las tres horas que duró la sesión, los funcionarios mexicanos presumieron la creación y propósitos de diversos protocolos de búsqueda de desaparecidos y de víctimas de desaparición forzada, especialmente aquellos en cuya elaboración participó la Cruz Roja Internacional o la ONU. Pero una y otra vez, los relatores hacían preguntas sobre puntos concretos de su funcionamiento y solicitaban prueba estadística de sus supuestos logros, además de pedir una copia de ellos para estudiarlos detalladamente.
Como en la sesión de ayer, dos padres de los normalistas de los desaparecidos estuvieron presentes en la sala.
También asistieron ambos días Maria Olaya Dosal y Maria Guadalupe Fernández, madres de Alejandra, de 16 años, y del ingeniero José Antonio Robledo, también en calidad de desaparecidos.
En su mensaje final de la “sesión de diálogo constructivo”, Robledo se declaró satisfecho y señaló que los miembros de la delegación oficial “nos vamos con una clara consciencia de los desafíos que tenemos”. Además, hizo énfasis en que “al menos queda acreditada la voluntad del gobierno mexicano de seguir avanzando” en materia de derechos humanos.
El comité emitirá en los próximos días un reporte con recomendaciones para el gobierno mexicano.
Por la tarde, tuvo lugar una acción de solidaridad con los desaparecidos de México en la Plaza de las Naciones, frente a la sede de la ONU, a la cual asistieron los cuatro padres mexicanos.
Ante unos 60 concurrentes, entre ellos activistas de organizaciones suizas, y expuestos al frío, denunciaron la ineficacia y la falta de voluntad del gobierno mexicano para investigar el paradero de sus hijos.
Este miércoles viajarán a Bruselas, donde mantendrán hasta el jueves reuniones en el Parlamento Europeo y en el Servicio Europeo de Acción Exterior, además de ONG.
Nota tomada de Proceso
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