El DIF asegura que el menor sufrió abuso
La Procuraduría libró de culpas al padre del menor y un año después el Tribunal Superior de Justicia le quitó la patria potestad a la madre del niño y la de sus dos hermanos mayores
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) aceptó que en 2012 recibió un informe hecho por el Sistema Integral para la Familia (DIF) en el cual señalaban una presunta agresión contra un niño de 3 años de edad, a manos de su propio padre. A pesar de esto, no le dio valor a dicha acusación ya que consideró que sólo era una opinión y no un peritaje, sumado a que sus propios “estudios” descartaron el delito.
Así, en 2015 la Procuraduría libró de culpas al padre del menor y un año después el Tribunal Superior de Justicia le quitó la patria potestad a la madre del niño y la de sus dos hermanos mayores, dándosela al padre.
Posteriormente, el 7 de junio, la madre de los niños, según se explica en una presunta carta póstuma, mató a sus hijos y luego se quitó la vida junto con uno de sus padres. Esto lo hizo antes de entregar a los menores a su padre.
Pese a que el DIF había llevado a cabo una valoración psicológica en la que detectaron el abuso sexual gracias al testimonio de uno de los niños, quien incluso señaló a su propio padre, la Procuraduría, con su Fiscalía de Atención a Delitos Sexuales señaló que en la averiguación que ellos comenzaron se hizo un peritaje médico “y estos dictámenes no nos arrojan el daño, y no nos arrojan la agresión que la mamá refería”, dijo al portal de noticias Animal Político.
El DIF logró conocer lo anterior gracias a una serie de 12 sesiones psicológicas, mismas que se dieron en tres encuentros para general confianza entre el menor y la terapeuta, y después de esto se aplicaron cuatro técnicas diferentes de análisis.
El resultado de ello fue que el niño presentaba secuelas de agresión sexual, sumado a que de manera espontánea identificaba a su padre como el autor de dichos ataques.
También hicieron una valoración psicológica al padre de este niño, según la cual éste presenta “características que se consideran de riesgo para la convivencia con el menor”. Entre ellas, señalaron trastornos de índole sexual, agresividad, negación y dificultades en la percepción de sentimientos, entre otros.
Al detectar estos riesgos, el especialista del DIF, quien hizo tal valoración, concluyó que los trastornos detectados en el padre del menor representaban “un riesgo para el bienestar de las personas involucradas, principalmente, y por ser parte de este servicio psicológico, para el menor, quien mencionó haber sido abusado sexualmente por su progenitor”, por lo que para buscar el bienestar del niño recomendaban evitar la convivencia entre ambos.
Pese a todos estos datos y advertencias, sumado al testimonio del niño agredido, los cuales se reunieron en un expediente que fue entregado a la PGJDF, no presentaron cargos en contra del padre.
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