La mayoría del dinero que tendrán que desembolsar será por los recursos que dejaron de recibir los dueños de la aeronave
A pesar de que la aeronave tenía dueño, fue utilizada durante seis años y después rematada por 70 mil pesos, pese a que en el momento de asegurarla, tenía un valor de 780 mil dólares
Hace 17 años, la Procuraduría General de la República (PGR) decomisó al narcotráfico un avión Rockwell, el cual usó, desmanteló y finalmente remató a pesar de que esta aeronave tenía dueño, por lo que está obligada a pagar 271 millones de pesos por daños y perjuicios.
El dueño acusa a la Procuraduría de alterar el estado físico de su aeronave, por lo que las modificaciones que le hicieron posteriormente le sirvieron como prueba en el proceso penal.
Por esto, la PGR estaba obligada a devolver el avión, aunque lo que hizo fue sumarlo a su flota y usarlo durante seis años. Finalmente, en abril de 2006, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) lo remató como chatarra por 70 mil pesos.
Dos años después de la venta, la empresa dueña del avión presentó una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado, aunque fue hasta 2014 cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolver si existió “actividad administrativa irregular” de las dependencias involucradas.
Ante esto, el 3 de noviembre de 2015 en ejecución al amparo ya mencionado, el TFJA resolvió que la PGR y el SAE deberían pagar 13.9 millones de pesos por daños y otros 257.6 millones por perjuicios, donde la mayoría del dinero tendrá que ser aportado por la Procuraduría.
El desglose del pago es en parte por la pérdida del avión, el cual tenía un costo de 780 mil dólares al momento de ser asegurado, y los perjuicios son la ganancia que la empresa, Servicios y Reparaciones Aeronáuticos, S. A., dejó de percibir al no poder utilizarlo, sumado a los intereses que esto generó.
El dinero que deberá pagar la dependencia gubernamental es el mismo que se le asignó para este año a la Subprocuraduría de Investigación de Delitos Federales
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