Duarte y Borge intentaban protegerse de investigaciones futuras en su contra.
Recientemente, los congresos de Quintana Roo y Veracruz han aprobado reformas para “blindar” las administraciones de los aún gobernadores Roberto Borge Angulo y Javier Duarte de Ochoa, pero podrían quedar sin efecto.
Lo anterior debido a que por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos acciones de inconstitucionalidad contra ambos congresos locales y los mandatarios.
Y es que las normas avaladas se consideran “violatorias” de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, pues los protegerían en caso de que les intente investigar cuando concluya su gestión.
La oposición ha acusado a los priistas Borge y Duarte de impulsar reformas en las fiscalías generales de las entidades, así como nombrar funcionarios afines en puestos claves para “blindar” sus administraciones y poder terminar sus mandatos sin problema alguno.
Sin embargo, el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, y el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval, ya echaron abajo estas intenciones, pues indicaron que Quintana Roo y Veracruz carecen de facultades para crear sus “sistemas locales anticorrupción” sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y, con ello, tampoco pueden nombrar a funcionarios en esa materia.
Fuente: Proceso
Sé parte de la conversación