Cualquier resolución futura que se dicte podrá ser impugnada mediante un recurso de inconformidad
La Conferencia Nacional de Procuradores afirmó que la orden de crear la Comisión de la Verdad viola la Constitución, la división de Poderes y es un ejercicio excesivo
La Procuraduría General República (PGR) presentó un recurso en el que alegó que existe “imposibilidad real, jurídica y material” para crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa como lo solicitó un Tribunal Colegiado.
Fue este jueves cuando se se presentó el recurso de imposibilidad, firmado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la PGR, Carmen Lucía Sustaita Figueroa, y por Ignacio Gilberto Silva Hernández, director General de Control de Juicios de Amparo, ante el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas.
Es a este último al que corresponde supervisar que se cumplan los cuatro amparos otorgados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, mismos que fueron en favor de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos que confesaron el asesinato de los normalistas.
Por ello, el magistrado del Tribunal Unitario, Sabino Pérez García, notificó este viernes un acuerdo en el que ordenó dar vista a las partes involucradas en los juicios de amparo, con la finalidad de que ofrezcan pruebas y aleguen lo que convenga a su interés en un plazo de tres días hábiles.
“Transcurrido este plazo, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente”, dice el artículo 67 de la Ley de Amparo, retomado por Reforma.
Cabe destacar que el magistrado Pérez García está facultado para resolver si existe la imposibilidad alegada, aunque cualquier resolución que dicte podrá ser impugnada mediante un recurso de inconformidad, mismo que podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia para aclarar en definitiva el tema.
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Dicho amparo podría tardar varias semanas en resolverse, por lo que durante ese tiempo las autoridades no incurrirían en desacato de la orden de crear la Comisión, para lo cual hay un plazo de diez días, lo cuales empezaron a correr esta semana.
Por su parte, la Conferencia Nacional de Procuradores afirmó este jueves que la orden de crear la Comisión de la Verdad viola la Constitución, la división de Poderes y es un ejercicio excesivo de las facultades de un tribunal colegiado.
Además del incidente de imposibilidad, fue promovida una solicitud de aclaración de sentencia, que se presentó ante el propio tribunal colegiado por el Consejero Jurídico del Ejecutivo, Misha Granados, y por el diputado federal Edgar Romo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la que el tribunal pidió autorizar recursos para la Comisión.
La aclaración de sentencia podría no ser tramitada por el tribunal colegiado, ya que ni Granados ni Romo fueron partes en los juicios de amparo.
Mientras que otras secciones de las sentencias del tribunal colegiado deberán se cumplidas por el Segundo Tribunal Unitario en Matamoros, el cual deberá anular los autos de formal prisión por delincuencia organizada en contra de Salvador Reza Jacobo, El Wereke; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo.
Así como los de Gildardo López Astudillo, El Gil y Miguel Angel Bahena Landa, El Chequel, presuntos integrantes de Guerreros Unidos que confesaron el secuestro, asesinato y quema de los normalistas en septiembre de 2014.
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