Ayer, las comisiones unidas del Senado aprobaron el dictamen de la Ley General de Transparencia. Aunque se logró integrar “varios cambios positivos que frenaron amenazas de retrocesos”, persisten “fuertes preocupaciones”, dice el Colectivo por la Transparencia.
Una de las principales es que transparentar las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales realmente no será una obligación para los funcionarios, sino que queda sujeta a su voluntad.
Además, no hay claridad sobre lo que el IFAI hará para determinar qué información no se puede reservar.
Estos son los puntos que preocupan al Colectivo por la Transparencia:
* Lo bueno: Se prevén sanciones cuando una instancia declare “con dolo o negligencia” la inexistencia de la información y se quedó la imposibilidad de reservar información cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Se quitó la propuesta que limitaba el acceso a la información sobre estos temas.
*Lo preocupante: Estará prohibido reservar dicha información sólo si hay un pronunciamiento previo de la autoridad competente. No se reconoció la facultad del IFAI para poder llevar a cabo esta declaración. Se deja la “última palabra” no al IFAI, sino al poder judicial, específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se quitó la facultad del IFAI para instruir que se genere la información.
*Lo muy preocupante: La prevalencia de la Ley General de Transparencia no está “claramente asegurada”. En varias partes del dictamen “se prevé contemplar disposiciones y causales de reserva que están definidas en otras leyes cuya especialidad no es la transparencia”. Además, la obligación de transparentar las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales queda sujeta a la voluntad de los servidores públicos.
“Sería mejor que esta obligación desaparezca porque sujetarla a la voluntad de los mismos servidores es contraproducente y se contrapone a otras disposiciones en leyes estatales”, como es el caso de Coahuila y su ley de transparencia, la cual establece como obligación que los funcionarios hagan pública su declaración patrimonial con estos datos: nombre, cargo, tipo de declaración, sueldo y bienes inmuebles en México y el extranjero.
El Colectivo por la Transparencia, que promueve y defiende “la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio del derecho de acceso a la información” está conformado por 11 organizaciones civiles: Alianza Cívica, Iniciativa Sinaloa, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Ciudadanos en Medios Democracia e Información, Cultura Ecológica, DECA-Equipo Pueblo, Fundar, Gestión Social y Cooperación (Gesoc), ONG Contraloría ciudadana para la rendición de cuentas, Presencia ciudadana mexicana y Sonora Ciudadana.
Con información de Animal Político
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