El organismo de Derechos Humanos concluyó que el Estado mexicano fue responsable de la violación de derechos a 11 mujeres
Cuando era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto evitó a toda costa que el caso de las mujeres de San Salvador Atenco violadas por uniformados en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 llegara a la Corte Interamericana; sin embargo, su desinterés y la de sus colaboradores a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) causaron que la situación finalizara en dicha instancia, la cual investigará el caso en el último trimestre de este año.
Será la primera vez que las declaraciones hechas por Peña Nieto se tomen como base para investigarlo.
El entonces gobernador del Edomex y los miembros de su gabinete descalificaron a las víctimas que dijeron haber sufrido graves abusos durante el operativo en San Salvador Atenco.
Sin embargo la tortura sexual contra 11 mujeres cuyas garantías individuales fueron violadas merece “medidas administrativas, disciplinarias o penales”, aseguró la CIDH, la cual envió el caso a la Corte Interamericana después de que el Estado mexicano se negó a atender las recomendaciones realizadas en octubre de 2015.
Durante el último trimestre de 2017, el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará el discurso político de los funcionarios como figura de “denegación de justicia” en los casos de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes por 11 años han exigido castigo a los responsables materiales e intelectuales de los tres niveles de gobierno.
Subidas a su página de Internet en días recientes, las determinaciones de la CIDH sobre el caso Atenco incluyen señalamientos específicos a Peña Nieto como uno de los creadores de la estrategia policíaca contra pobladores y activistas de Atenco cuando gobernaba el Estado de México, responsabilidad que será investigada en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo a la CIDH, las 11 demandantes sufrieron abusos y torturas sexuales, entre otros delitos, por lo que el Estado mexicano violó ciertos derechos: libertad personal y garantías judiciales; la integridad personal de las mujeres y de su familia, su vida privada, su autonomía y dignidad, la igualdad y no discriminación, al igual que las garantías judiciales y protección judicial.
Araceli Olivos Portugal, la abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que defiende a las víctimas, opinó que es inédita la consideración de las declaraciones públicas de Peña Nieto y sus altos funcionarios por parte de la CIDH en el reporte que remitió a la Corte .
“Es un hecho inédito que la CIDH razonara que, con sus declaraciones (Peña Nieto) generara un clima de impunidad en el que prevalece el caso hasta el día de hoy”, enfatizó la experta.
Fuente: Proceso
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