Ángel Martín Gutiérrez Sebastián acababa de cumplir 19 años y soñaba convertirse en abogado –comenzaría el cuarto semestre de la carrera– y estudiar una maestría en Historia.
El joven además hacía deporte –box, caminata y fisicoculturismo— y para costearse la escuela trabajaba en Cinépolis.
En ese entonces Carolina Monroy, actual secretaria general del PRI nacional y prima del presidente Enrique Peña Nieto, era alcaldesa del lugar.
Ángel Martín advierte que la administración de Monroy hizo lo posible por proteger a los responsables, y pese a que acudió a su casa a visitarlo para acallar a la opinión pública, todos los apoyos que comprometió se quedaron sólo en promesas.
“Carolina vino a mi casa. Hasta burlona me dijo que por dinero no me preocupara, que iba a tener vestimenta, calzado –como si pudiera caminar–; pero no se trata de dinero, es un tema de justicia”, lamenta el muchacho.
De ese encuentro únicamente resultó un apoyo mensual del DIF municipal por mil pesos y despensas que al menos los últimos tres meses han llegado con cucarachas, alimentos insuficientes para el tratamiento médico –que ya asciende a 2.5 millones de pesos– y la manutención.
“Carolina Monroy siempre reconoció que eran sus policías… dijo que estaba dispuesta a ayudar a mi hijo, pero se fue y muchas de las cosas que ella prometió se quedaron en el aire. Ella también los protegió”, señala la señora Ángela Sebastián Allende, madre de Ángel.
En busca de justicia y recursos para el tratamiento, la familia demandó por escrito apoyo al gobernador priista Eruviel Ávila, quien a su vez instruyó al entonces procurador Miguel Ángel Contreras Nieto solucionar el caso.
El funcionario atendió el tema para sólo para la foto en los medios, cuenta Ángel, pues apenas auxilió con 15 mil pesos, insuficientes siquiera para los gastos jurídicos.
Esa noche del 9 de abril el joven salía del trabajo; pasaban las 23:00 horas. El novio de su hermana se ofreció a ir por él en la moto, acompañado por doña Angela para orientarlo.
Sobre la vialidad Toluca-Metepec, en el primer semáforo del Instituto Universitario del Estado de México, el policía José Luis López González discutía, con el arma desenfundada, con un civil, por el presunto robo de una unidad.
“El civil echó a correr, pero el policía no corrió tras él, sólo le disparó; después otro uniformado –Amaury Bernal Estrada– también disparó a discreción”, relata Ángel.
“Se escucharon varias detonaciones, cubrí mi cabeza pero ya me habían alcanzado las balas; caí de la moto pero mi mamá y el novio de mi hermana no se dieron cuenta sino varios metros adelante.
“Poco después llegaron varios policías a darme los primeros auxilios y me trasladaron al Centro Médico de Metepec”, expuso.
Tras 14 días en terapia intensiva, el muchacho se enteró de que tenía una lesión amplia en la médula, y desde entonces alberga una ojiva en el pulmón que no le podrá ser extraída por la gravedad que en sus circunstancias representa esa cirugía.
Ángel vio a sus agresores a principios de abril pasado, a lo lejos, durante una audiencia. Los trasladó una patrulla del ayuntamiento, de ida y vuelta, iban uniformados, armados, riéndose porque estaban seguros de nada les harían.
A través del agente del Ministerio Público, Carlos Valdés de la Cruz, los agentes querían el perdón, a cambio de entregar a la familia afectada, primero, de 60 mil pesos, luego de 80 mil y finalmente de 120 mil que no se recibieron porque “no se trata de dinero, es un tema de justicia”.
La familia Sebastián logró que se librara la orden de aprehensión el 30 de septiembre de este año en contra de los uniformados, quienes se encuentran prófugos porque antes de cumplimentarla el ayuntamiento los dio de baja.
“El 15 de septiembre todavía los vi laborando en Metepec”, señala la madre del joven.
Esperanzado, Ángel Martín hace un llamado al gobernador Eruviel Ávila para obtener la beca requerida a fin de concretar sus estudios.
En la actualidad todo el recurso es para tratamiento. Hasta los taxistas le cobran más durante los traslados al hospital con el argumento de que deben transportar la silla de ruedas y se corre el riesgo de que el muchacho se ponga mal a bordo de la unidad.
Además, la familia de la víctima demandó a la PGJE fincar responsabilidades, sin importar el rango o la filiación de los inculpados.
Fuente: Proceso
Sé parte de la conversación