Por Manuel Tenedor (@ManuelTenedor )
A pocos días de cumplirse un año de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (al parecer dos ya identificados), 9 personas fallecidas, entre ellas un estudiante desollado y otro tanto de heridos, la ineptitud del gobierno federal para esclarecer el caso sigue siendo lo que persigue al gobierno de Enrique Peña Nieto.
La estridencia social que provocó la noticia aquellos días finales de septiembre de 2014 y las semanas que le siguieron, ilusionó con una consigna común de los sometidos. Las calles y avenidas en gran parte del territorio mexicano se llenaron de gritos, exigiendo justicia por el caso. En las redes sociales nos enteramos de manifestaciones solidarias en muchas otras partes del mundo y la prensa internacional comenzó a encrudecer las críticas a Peña Nieto, que hasta ese entonces, presumía un apapacho mediático, a tal punto que la revista Time lo vendió como el salvador de México, cuando en realidad es un auténtico “vende humo” que compró la presidencia.
El contrainforme del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes encendió de nueva cuenta el tema, mientras que los incansables padres de los Normalistas y otras asociaciones civiles, no han dejado de exigirle al gobierno federal lo que se niegan a proporcionar: justicia.
En este tipo de temas de dominio público, hay diferentes opiniones. Nunca faltan las posturas que demeritan las movilizaciones, critican y se espantan con las acciones radicales por parte de los directamente afectados, utilizando la metodología del “chayote”: criminalizar a la víctima.
Otros sectores de la población han venido señalando que los normalistas no eran ningunos santos y que eran títeres de alguien. Poco nos dicen del supuesto titiritero y más parece que lo hacen para presumir su fascismo de closet.
El punto central del debate no es si los normalistas eran santos o demonios. El tema importante no es si eran buenos estudiantes y excelentes hijos. Es increible que todavia no se comprenda que lo grave de lo acontecido en Ayotzinapa, no se resume a nuestras opiniones sino al hecho concreto: 43 personas desaparecidas por fuerzas del Estado coludidas con el crimen organizado.
La detención de “El Gil”, miembros de Guerreros Unidos, José Luis Abarca, alcalde de Iguala, su esposa y policías municipales, no son suficientes. La calcinación de los cuerpos sin fundamento científico, la intervención del Ejército y la apresurada “verdad histórica” son razones suficientes para no dar carpetazo a un crimen de Estado.
Es muy probable que la impunidad se imponga. El entreguismo del gobierno federal y la doble moral de los socios comerciales de México, protegen a este gobierno neoliberal que dicho sea de paso, está haciendo trizas el patrimonio nacional. La impunidad no solo es responsabilidad de quien la fomenta sino de la sociedad que la permitimos.
México vive uno de sus peores momentos. Tragedias como la de Ayotzinapa se viven a diario y desde hace años en muchas partes del país. De lo único que pueden acusarte si te niegas a olvidar tragedias como esta, es de ser un ejemplo de salud mental. No hay cabida a la neutralidad, ni perdón ni olvido.
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