¿Por qué la ley derogada despertó el descontento de la ciudadanía?
El presidente de Canacintra Mexicali aseguró que nunca se les consultó sobre la creación de esta Ley
El 30 de octubre del año pasado, el Congreso Estatal de Baja California, aprobó la nueva Ley de Aguas, que permitía la privatización del servicio y elevó los costos del mismo.
Ante la medida, miles de personas se manifestaron en todo el estado, por lo que el día de hoy el Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, informó la derogación de dicha ley.
En conferencia de prensa, el mandatario anunció: “he decidido una iniciativa para abrogar la Ley del Agua y dejar sin efecto su contenido, ésta es una decisión determinante y se da a solicitud de un amplio sector de la sociedad, soy sensible a lo que la sociedad siente”.
Los ciudadanos salieron a las calles el pasado domingo, en una marcha que reunió a más de 40 mil personas que alzaron la voz en contra del gasolinazo y por esta ley. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) estatal se sumó ayer al reclamo.
“Se eliminan los incrementos en los precios del agua”, dijo esta tarde el Gobernador de extracción panista, y agregó que en los próximos días convocará a técnicos, especialistas y sociedad para un nuevo ordenamiento.
El Gobernador insistió en que no se ha intentado privatizar el agua y dijo que los diputados locales aprobaron la legislación de “manera responsable”.
La ley derogada, proponía la creación de dos organismos metropolitanos para la distribución del recurso, además de la entrega de una concesión para su operación, y una actualización mensual del costo.
Los puntos controvertidos de la legislación que entró en vigor a partir del 2017 son la intervención de la iniciativa privada en la prestación total o parcial del servicio público a través contratos por licitación o adjudicación directa de Asociaciones Público Privadas (APP), y la concesión de bienes para la prestación del servicio.
Lo que más molestia causó entre la ciudadanía fue el aumento en el costo del servicio, pues la tarifa doméstica o residencial mínima de Tijuana aumentó de 59.1 pesos el metro cúbico a 99.50 pesos; en Mexicali, de 51.6 pesos el metro cúbico en el área urbana, y 49.9 en ciertas zonas ejidales, a 66 y 63.8 pesos, respectivamente.
Por su parte, en Ensenada el costo subió de 53.8 en la ciudad y 32.2 pesos en la zona rural, a 67.93 y 40.7 pesos, cada uno; en Tecate, de 54.7 pesos el metro cúbico a 99 pesos y, finalmente, en Playas de Rosarito pasó de 81.2 a 99 pesos.
En tanto el presidente de Canacintra Mexicali, Juan Ignacio Gallego Topete, encabezó una rueda de prensa el día de ayer, en la cual dieron a conocer su posición respecto a la Ley del Agua del Estado, donde manifestó que la Canacintra pertenece al Consejo de Administración de la Comisión Estatal de los Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) y nunca se les dijo nada sobre la elaboración de una Ley del Agua.
“Nunca hubo por parte del Gobierno del Estado ni un consenso ni consulta sobre esta normatividad; tampoco están de acuerdo en cómo se manejará el aumento del 20 por ciento del agua, ya que el 90 por ciento de estos recursos se va a gasto corriente, por lo que la Canacintra propone poner un límite sobre el porcentaje que se destine a este rubro”, dijo Gallego a medios locales.
Fuente: Sin Embargo
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