Actualmente las mujeres sólo pueden ser penadas con un año de trabajo comunitario
Con esto se buscaba volver a penalizar con cárcel a las mujeres que hicieran una interrupción libre del embarazo
Después de que pasaran 20 días, el proyecto de reforma del Código Penal de Michoacán fue retirado después de causar polémica.
Con esto se buscaba volver a penalizar con cárcel a las mujeres que hicieran una interrupción libre del embarazo, acción que apenas se está abriendo camino en el estado.
Dicha iniciativa planteaba hasta cinco años de cárcel para quienes decidieran abortar, esto, sólo si no tenía “mala fama”, si había logrado ocultar su embarazo” o si este fuera “fruto de una unión ilegítima”.
Además de polémica, dicha propuesta era contradictoria, lo cual provocó que el gobierno del estado, encabezado por el gobernador Silvano Aureoles, del PRD, diera a conocer un comunicado en donde trata de calmar el escándalo que provocó la reforma.
En él, Aureoles “ratifica su compromiso con los derechos de las mujeres”, además de que asume “con responsabilidad” que dicha iniciativa “va en contra de la línea del PRD”.
Por su parte, la diputada perredista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nalleli Pedraza aseguró que este proyecto “no fue debidamente revisada, no sé por qué salió adelante”.
La nueva reforma representaba un retroceso y una contradicción con la forma de gobernar del PRD, un partido de izquierda, supuestamente abierto a aceptar otros temas que los demás partidos comúnmente rechazan.
Ahora, Pedraza lleva al Congreso una iniciativa para la interrupción libre del embarazo hasta la semana 12, algo que sólo está permitido en la capital del país desde hace justo una década.
Cabe señalar que Michoacán es uno de los pocos estados en donde son más abiertos respecto a los motivos por los que se puede abortar, ya que entre los supuestos para poder abortar, admite la existencia de una situación económica precaria, un riesgo grave para la salud de la madre o una malformación del feto.
Sin embargo, la ley mantiene sanciones cuando las mujeres no se acogen a ninguna de estas circunstancias, lo cual va de seis meses a un año de trabajo comunitario.
“En comparación con el resto del país, Michoacán está avanzado, excepto porque el aborto debería ser libre”, comentó la abogada Rebeca Muñoz, quien pertenece al organismo de defensa de los derechos reproductivos GIRE.
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