Estos trabajadores costaban un millón de pesos mensuales
Además, el gobierno del estado destacó que por ley, el exgobernador todavía cuenta con 36 escoltas
En total, 204 agentes de Quintana Roo que trabajaban como escoltas de funcionarios del gobierno del priísta Roberto Borge Angulo fueron reintegrados a las labores de seguridad pública, informó la administración estatal.
Resalta que estos trabajadores costaron al erario público un millón de pesos mensuales, cuya tarea era únicamente cuidar a los exfuncionarios o a medios de comunicación.
Además, el gobierno del estado destacó que por ley, el exgobernador ahora prófugo de la justicia, todavía cuenta con 36 escoltas.
“Las disposiciones del gobernador Carlos Joaquín de incorporar a los escoltas y policías comisionados al servicio de políticos y personas particulares para que se sumen a las tareas de protección de la gente y las acciones de seguridad pública se hicieron efectivas”, acusaron en el estado.
“Para tener una idea de los recursos que se dilapidaron en este tipo de servicios, cada escolta cobraba diferente, pues según ‘la palanca’ del funcionario que cuidaba le subían el nivel. Un policía raso cobra 3 mil 800 pesos”, informó la administración estatal mediante un comunicado.
Del total de escoltas, 40 se enfocaban a la seguridad estatal, 50 de la Fiscalía, 90 del municipio Benito Juárez y 24 de Solidaridad, fueron concentrados en sus corporaciones.
“Los elementos comisionados con exfuncionarios o empresas de comunicación que legalmente no tienen derecho a este beneficio. Los recursos que antes se destinaban a la protección de los privilegiados, ahora se canalizarán a la seguridad de la gente”, dijo el gobierno estatal.
Los integrantes de los Comités de Autorización de Escoltas a Servidores Públicos y el de Autorización de Escoltas a Exservidores Públicos, acusaron, alistan corregir a la brevedad las irregularidades en que incurrieron quienes les antecedieron.
“Para esto se aplicará estrictamente la Ley Estatal de Seguridad Pública que establece con claridad quienes tienen derecho a escoltas proporcionados por el Estado”.
Cabe recordar que el pasado septiembre, el Congreso de Quintana Roo anuló el llamado “paquete de impunidad” que propuso el exgobernador priista Roberto Borge.
Lo anterior revirtió la ampliación del servicio de escoltas para el mandatario y colaboradores, y abrogó el decreto que ablandaba penalidades y dejaba sin sanción delitos cometidos por servidores públicos.
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