Los hechos tuvieron lugar la noche del 26 de septiembre de 2014
Hasta este momento no se tiene rastro alguno que pueda ayudar a dar con el paradero de los estudiantes
Este miércoles se cumplen cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes normalista de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
Los hechos tuvieron lugar la noche del 26 de septiembre de 2014, luego de que policías municipales abrieron fuego contra un grupo de normalistas cuando circulaba por el municipio de Iguala a bordo de cinco camiones.
El ataque dejó seis estudiantes muertos, 25 heridos y otros 43 desaparecidos, de quienes hasta este momento no se tiene rastro alguno que pueda ayudar a dar con su paradero.
En días siguientes, el 28 de septiembre, fueron detenidos 22 policías presuntamente implicados en los hechos y el 30 de septiembre, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se dio a la fuga.
La situación rebasó a las autoridades locales, por lo que el 4 de octubre de ese mismo año la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación del caso.
Unas semanas más tarde, el 17 de octubre, fue detenido Sidronio Covarrubias, líder del grupo Guerreros Unidos y presunto autor intelectual de la desaparición de los jóvenes.
Durante su investigación, la PGR responsabilizó al alcalde de Iguala y su esposa de represión en contra de los estudiantes, lo que también provocó que la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Fue casi un mes después de la desaparición de los normalistas cuando el presidente, Enrique Peña Nieto, se reunió con los padres de las víctimas.
El 4 de noviembre, José Luis Abarca, alcalde de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos, detalla Noticieros Televisa.
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A los pocos días de esta detención, la PGR asegura que los desaparecidos ya están muertos, debido a la presunta confesión que hicieron tres miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes afirmaron que asesinaron a los jóvenes para luego incinerarlos en el basurero de Cocula, Guerrero.
Con base en esta presunta confesión, el 27 de enero de 2015, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, resolvió que los 43 fueron asesinados e incinerados en Cocula, determinación a la que calificó como “la verdad histórica”.
Sin embargo la supuesta “la verdad histórica”, y la investigación que la respaldó, no tardó en recibir infinidad de críticas, las cuales orillaron a Murillo Karam a dejar la Fiscalía.
El 1 de marzo de ese año, llegó a México un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estudiar el caso, quienes tras casi un año de investigación concluyeron que no existen evidencias de que los estudiantes fueran incinerados en el basurero de Cocula.
El 24 de septiembre de 2015, el presidente Peña Nieto se reunió por segunda vez con familiares de los 43, a quienes les anunció que crearía una fiscalía especializada en búsqueda de desaparecidos.
Meses más tarde, y tras las resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en abril de 2016 se inicia un nuevo peritaje en el basurero, en el que seis expertos aseguran que en ese lugar fueron incineradas al menos 17 personas.
Las evidencias llevan a que el 8 de julio de 2017, autoridades mexicanas reconozcan ante la CIDH que nueve celulares de los normalista desaparecidos estuvieron activos después de su desaparición.
Es hasta un casi un año después, el pasado 4 de junio de 2018, cuando un Tribunal de Tamaulipas ordenó investigar nuevamente el caso y establecer una Comisión de la Verdad.
La conmemoración del caso no pasó desapercibida por el mandatario federal, quien a través de su cuenta de Twitter escribió: “a cuatro años de los muy lamentables sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, el Gobierno de la República está comprometido con la justicia y con los familiares de las víctimas”.
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