La CNDH en los últimos tres años ha documentado la ejecución extrajudicial de al menos 38 personas
Actualmente México atraviesas una crisis de Derechos Humanos, luego de que distintos actores señalaran a miembros de las fuerzas armadas de ser los responsables de las violaciones a los mismos.
Ante este problema la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechazó estas acusaciones y aseguró que no tienen fundamento, además pidió a los ‘‘actores sociales’’ que tengan pruebas en contra de soldados que hayan vulnerado las garantías fundamentales a que las presenten para que sean investigadas, porque son ‘‘injurias y ofensas’’.
‘‘Se han mencionado estas supuestas responsabilidades sin la más mínima evidencia, por hechos investigados no sólo por autoridades judiciales nacionales, sino por grupos de expertos que han presentado conclusiones que desvinculan al personal militar de los hechos delictivos que fueron materia de su análisis” aseguró el general José Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos Humanos de la Sedena, el pasado 21 de marzo.
Agregó que la dependencia no tolera ni encubre conductas atenten contra los derechos fundamentales de las personas, ‘‘facilitando la intervención de las autoridades competentes para la investigación y sanción en casos en los que proceda”.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en los últimos tres años ha documentado la ejecución extrajudicial de al menos 38 personas en enfrentamientos ocurridos en Tlatlaya y Tanhuato, entre otros.
En la mayoría de las acusaciones, personal de la Policía Federal, así como del Ejército ha protagonizado las ejecuciones, violando el derecho a la vida, la seguridad y la justicia.
En Tanhuato, en un operativo de la Policía Federal en contra de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación ocurrido el 22 de mayo de 2015 dejó como saldo 42 civiles muertos, de los cuales 22 fueron ejecutados de manera extrajudicial.
Luego de una investigación con pruebas técnicas y científicas, se logró determinar que durante el enfrentamiento hubo violaciones graves a los derechos humanos por parte de la Policía Federal, informó CNDH.
Se determinó que las autoridades violaron el derecho a la vida, a la integridad y la seguridad, a la justicia y la verdad, entre otros, lo cual dificulta que este caso sea esclarecido en su totalidad debido a la manipulación de elementos y evidencias.
El 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, un grupo de militares realizaba un recorrido de seguridad en el poblado de San Pedro del Limón, en Tlatlaya, donde detectaron a varios sujetos armados dentro de una bodega.
Presuntamente, al verse descubiertos, los civiles dispararon contra personal militar, lo que generó una balacera, en la que 22 agresores perdieron la vida.
No obstante, la CNDH concluyó ras una investigación que 15 de los 22 civiles fueron ejecutados por elementos del Ejército.
Raúl Plascencia, entonces ombudsman nacional, detalló que la escena del crimen fue alterada por los militares con la intención de simular que todas las muertes habían ocurrido durante el enfrentamiento, el cual duró entre cinco y ocho minutos.
A estos antecedentes, se suma el video dado conocer hoy donde se observa a elementos del Ejército Mexicano matar a un hombre con el tiro de gracia, en un presunto enfrentamiento con huachicoleros en Palmarito, municipio de Quecholac, Puebla, el pasado 3 de mayo.
En la grabación se observa cómo un grupo de soldados detiene a un hombre, a quien identificaron como Paulo o Paulino Martínez, aunque durante la detención, el Ejército no lo revisó ni desarmó, lo cual fue aprovechado por el sujeto para sacar un arma y disparar, matando a uno de ellos, por lo que los militares responden el ataque y de igual manera lo asesinan.
Más adelante, durante la misma grabación se ve cómo los soldados atacan a balazos a un automóvil, bajan a sus tripulantes, quienes no iban armados y los tiran boca abajo en el suelo, matando a uno de ellos de un balazo en la cabeza.
Lo anterior contrasta con las declaraciones del Ejército, quienes acusaron que llegaron al lugar a atender una toma clandestina, en donde supuestamente habían sido emboscados, acusando que un grupo de personas utilizó a mujeres y niños como escudos humanos.
Fuente: La jornada / Milenio
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