El informe final de actividades del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados, encargado de investigar los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, resuelve que en el citado caso “se está en presencia de uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Sedena involucrados, que tuvo como consecuencia que cuando menos 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales”.
Los integrantes del grupo de trabajo aprobaron el contenido del informe con cuatro votos a favor y dos en contra, señalando que a través de un acuerdo amplio que plantee medidas legislativas reglamentarias y administrativas para el retiro racional, paulatino y ordenado de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad púbica para ser sustituidas por diversos cuerpos civiles, de acuerdo a metas y objetivos claramente definidos en la política integral de seguridad.
En sus resoluciones la comisión manifiesta la necesidad imprescindible de que la Secretaría de Defensa Nacional esclarezca las fallas en la actuación de sus elementos relativas al respeto, protección y garantía de los derechos humanos, al control estricto de sus actos por parte de sus superiores, al cumplimiento de los protocolos sobre la interacción con civiles, al cumplimiento a las obligaciones sobre el resguardo de los elementos de la escena de los hechos y de los cuerpos.
Se considera que la Sedena debe aclarar la jerarquía de mando interna –y la relación con las autoridades civiles– durante los acontecimientos del caso Tlatlaya.
El documento, que será presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados, considera de “suma importancia que la PGR dé a conocer públicamente con apego a lo establecido en la ley los avances o los alcances de las investigaciones acerca de los elementos militantes bajo custodio o de otras personas con probable responsabilidad.
Tomada de La Jornada
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