En total, la dependencia ha negado al menos 110 solicitudes de información
Entre los datos negados, están los exámenes psicológicos de los soldados, el tipo de armas que utilizan o los expedientes de los militares retirados o activos
Para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los contratos firmados por la Dirección General de Comunicación Social, donde cuatro de ellos son con Televisa, el nombre de los atletas militares que participaron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 o el oficio de solicitud de la producción de Master Chef es considerada información “clasificada”.
Estos datos negados forman parte de las 110 solicitudes de información pública que la dependencia consideró como “reservada”.
Otras de las solicitudes que fueron negadas tiene que ver con contratos de importación de armas, el tipo de armamento que utilizan las unidades del Ejército, contratos de obra, expedientes clínicos, exámenes psicológicos realizados a soldados, compras efectuadas por la Dirección de Industria Militar, nombres y datos de quienes solicitaron registro de armas de fuego, expedientes de militares en retiro y activo, así como expedientes clínicos, entre otros, que están más relacionados con actividades castrenses y de seguridad nacional e interior, según la información oficial de la dependencia en materia de transparencia.
Los datos sobre los cuatro contratos entre la dependencia y la empresa Televisa fue enviada a “reserva” por cinco años.
Otros de los datos que la secretaría guardará durante varios años son las que tienen que ver con actividades militares, como bitácoras de vuelo, reservadas por 12 años; la negativa de la Dirección General de Infantería a dar a conocer el número de efectivos adscritos al 56 batallón de infantería, que tendrá cinco años de reserva; de la Dirección General de Derechos Humanos, a proporcionar copia de un convenio para el pago de indemnización, que será resguardada hasta por 12 años.
Además, la Dirección General de Materiales de Guerra y Administración se negó a entregar información sobre el armamento adquirido en 2016, por cinco años, debido a que “dadas las actuales condiciones que imperan en algunas áreas geográficas del país se estaría en desventaja ante grupos transgresores de la ley, ya que podrían hacerse de armamento que supere las características del que emplea el personal militar, situación que les permitiría anticiparse, eludir, obstaculizar o bloquear las operaciones que realiza el personal militar, logrando con ello menoscabar la capacidad de defensa del Estado”.
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