Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad en Michoacán, compareció este mediodía en San Lázaro donde repartió culpas, responsabilizó a panistas y perredistas por lo que hoy padece la entidad y exaltó su trabajo para lograr la paz, al grado que, presumió, hoy la gente “sale a comer tacos a las tres de la mañana y a comprar regalos el 6 de enero por el Día de Reyes”.
Desde las gradas de invitados, la diputada del PRD local, Selene Vázquez, reclamó a gritos que eso no era cierto, y muestra de ello es la ejecución del empresario minero Sergio Corona Barragán, ocurrida apenas tres horas antes en el centro de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Y peor aún: la legisladora exhibió el video del martes 6, donde en lugar de “comer tacos a las tres de la mañana”, grupos de autodefensa se enfrentaban con miembros del Ejército y Policía Federal (PF) desde las 3:00 y hasta las 8:00 horas de ese día.
La comparecencia de Alfredo Castillo, quien cumple un año en el cargo, se centró en dos hechos, el enfrentamiento en La Ruana del 12 de diciembre entre dos grupos de autodefensas y que tuvo como resultado nueve personas muertas, y el del 6 de enero, con otras más abatidas.
“¿Qué está pasando en Michoacán?”, reclamaron los panistas Fernando Rodríguez Doval, Carlos Alberto García González y Pilar Ortega Martínez –desde una de las curules la senadora Luisa María Calderón recriminaba a Alfredo Castillo y pedía la palabra, aunque nunca se la dieron–, además de la petista Lilia Aguilar; el resto de los legisladores, entre ellos perredistas, priistas, del PVEM y MC nunca cuestionaron al funcionario federal.
Inició entonces el reparto de culpas: Castillo dijo que el PRD entregó un “Estado fallido” y, en cuanto a los panistas, les dijo que fueron ellos quienes cometieron “el error” al dar por muerto a Nazario Moreno, líder de los Templarios, lo que llevó a que la situación se acrecentara, pues actuaron los criminales con mayor impunidad.
“Lo que más ha afectado a Michoacán fue el error, el gran, gran error de declarar muerto a El Chayo Moreno. Eso es lo que realmente desencadenó y una pésima investigación que dio con la libertad de todas estas personas, porque esto lo único que hizo fue que les dio más fuerza y les dio el sentimiento de impunidad para poder seguir actuando”, denunció.
Castillo reclamó a los panistas que el Cisen, durante la administración de Felipe Calderón, no les pudo decir que El Chayo estaba vivo; luego se ufanó: “Algo que en tres semanas yo ya sabía”.
“Esto llevó a que esta situación se acrecentara y él pudiera actuar prácticamente por su libre albedrío. Entonces, para mí hay un error y lo demás son consecuencias, y el gran error tiene que ver con que ustedes declararon muerto al principal líder templario que se llama Nazario Moreno, y la señora senadora que está a su lado no me dejará mentir, era el verdadero líder del cartel”, argumentó.
La panista Luisa María Calderón pidió derecho de réplica, pues ella era “la senadora que está sentada a su lado”. Hubo un intercambio de palabras entre la presidenta de la Comisión de Seguridad y quien encabezaba la comparecencia, Aleida Alavez, y el priista Manuel Añorve, quien rechazó se diera la palabra a la panista. “Ni siquiera es senadora, está de licencia”, justificó.
La perredista Alavez intentaba dar la palabra a Cocoa Calderón, pero fue frenada en seco por el propio Alfredo Castillo, quien parecía ser el que ordenaba y no quien había sido llamado a comparecer. Le dijo que la panista no era parte de la Comisión Permanente, así que no podía intervenir. Finalmente, Luisa María Calderón no se pudo defender.
Luego de tres horas de comparecencia, la hermana del expresidente Felipe Calderón alzó la voz y dijo que el señalamiento de Castillo era “muy serio, porque dice que yo sí sabía que El Chayo estaba vivo”.
“No creo haber dicho eso”, reviró Castillo y dio por zanjado el tema. Luego la panista debió improvisar una rueda de prensa al término de la comparecencia para aclarar los señalamientos del comisionado federal.
Otro de los panistas, Carlos Alberto García González, y la petista Lilia Aguilar exigieron en varias ocasiones a Castillo que aclarara dos puntos: ¿por qué el Ejército y la Policía Federal abrieron fuego contra civiles desarmados?, y ¿qué daño le hizo el doctor José Manuel Mireles (fundador de las autodefensas y ahora preso en un penal de alta seguridad en Sonora) para que lo traten como miembro del crimen organizado y le violen sus derechos humanos?
Castillo respondió que sobre Mireles no podía decir si fueron vulnerados sus derechos humanos al no darle los medicamentos requeridos; en todo caso, “remitió” a las autoridades de los penales para que aclaren esa situación.
Mientras el comisionado se negaba a aclarar “qué hizo Mireles” para que lo encarcelaran, a las afueras de San Lázaro Ana Valencia, esposa del fundador de las autodefensas, reclamaba justicia y la salida de Castillo de Michoacán.
Y sobre el enfrentamiento del 6 de enero en Apatzingán, en donde civiles presuntamente desarmados fueron abatidos, Castillo rechazó toda imputación contra las fuerzas federales.
No sólo eso, insistió en que las pruebas de balística corroboraron que no hubo ejecutados y que quienes murieron se debió “al fuego de las propias autodefensas”.
Aún más, sostuvo que la toma del palacio municipal “no se debió a una cuestión de incidencia delictiva, se debió a que el Ejército colocó seis puntos de revisión o filtros estratégicos y le quitamos la seguridad a cualquier grupo, llámense Los Cristos, el Padre Goyo, la propia policía rural estatal o la fuerza, cualquier instancia local dejó de tener fuerza, ¿por qué? Porque existía la manipulación por parte de la propia gente y no hemos generado la fortaleza, la base social en Apatzingán para que ellos puedan dar esa propia seguridad”.
Según la exposición de Alfredo Castillo, lo que ocurrió en Michoacán es que la población civil se armó para combatir a Servando Martínez, La Tuta, uno de los líderes de los Caballeros Templarios; luego llegó el gobierno federal y legalizó a las autodefensas llamándolas policías rurales.
Sin embargo, argumentó, al debilitar a los líderes del crimen organizado, las autodefensas se empezaron a pelear entre sí, a diputar liderazgos.
Lilia Aguilar, diputada del PT, pidió cifras al comisionado: ¿Cuántas autodefensas han sido encarceladas y cuántos policías estatales también han sido desmovilizados o encarcelados?
Además, emplazó al funcionario federal: ¿Cuántos salvoconductos ha dado a todas aquellas personas que están relacionadas con el crimen organizado, “y que se dice por ahí en Michoacán que usted ha perdonado”, y que incluyó luego a las autodefensas, que los armó? ¿Por qué se revelaron las autodefensas contra la Gendarmería y el Ejército?
“Pero sobre todo, señor comisionado-virrey, nos interesa saber por qué el Ejército les disparó a hombres y mujeres desarmados en Apatzingán y Múgica”, dijo Aguilar.
Alfredo Castillo no aguantó más. Reclamó respeto, pidió que no le dieran apodos como el de “virrey”, y aseguró que “no tengo la más mínima facultad para dar un salvoconducto a ninguna persona”.
Y tampoco, agregó, “hay autodefensas encarcelados; lo que tenemos es gente con carácter de persona que en su momento cometieron un delito, pero ninguno ha sido consignado por el simple hecho de autodenominarse o de ser llamado autodefensa”.
La diputada Aguilar también exigió a Castillo que aclarara si tiene relación con La Tuta, y éste respondió: “Le diré, ahí están sus audios, desesperados, diciendo que no se va a dar o no va a dar el gusto de que nosotros lo atrapemos o lo detengamos y que va a aguantar lo más posible y que no puede bajar, que son manifestaciones evidentes de que vamos tras de él y que ya no ha dado el rastro”.
En el caso de los militares, acotó, “diría que no hay un solo elemento o indicio que diga que el Ejército disparó a los elementos de Apatzingán, y no hay una sola persona lesionada que tenga que ver con la parte civil, y la única persona que perdió la vida fue precisamente por sus propios compañeros en un automóvil, porque en lugar de ponerle reversa, puso el coche para adelante”.
Nota tomada de Proceso
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