Aunque los negocios son libres de expresar su apoyo a cualquier candidato, si de por medio hay una recompensa, esto podría influir en la contienda
A lo largo del país diversos negocios han lanzando promociones que serían validas en caso de que Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones del 1 de julio.
Este hecho ha generado gran expectativa entre los ciudadanos, y también ha hecho que surjan dudas sobre si este tipo de acciones son legales o se podría estar incurriendo en un delito electoral.
Al respecto, Germán Castillo Banuet, director de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dijo en entrevista con El Universal que aunque existe la posibilidad de que haya una vulneración en la contienda electoral, no es posible determinar si es un delito, hasta recibir una denuncia formal para realizar las investigaciones.
“Sin una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral o la Fepade, no se puede considerar un delito las promociones que están realizando los establecimientos, aunque sí generan extrañeza”, dijo.
Aunque los establecimientos son libres de mostrar el apoyo a un candidato, pues están protegidos por el principio de libertad de expresión, el problema surge cuando se ofrece una recompensa por el triunfo de un candidato.
“Puede ser un beneficio que genere inequidad en la contienda. En opinión no es la manera saludable de fomentar el voto, es una línea delgada entre marketing político y comercial“, afirmó.
En caso de que se presentara una denuncia contra algún establecimiento, el ministerio publico debe iniciar la investigación del hecho para comprobar si es verdadero o falso, luego determina si el hecho tiene las características de la prohibición penal; en caso de que las tenga, el ministerio público manda el caso a un juez de control quien define si hay elementos para llevar a cabo un proceso penal.
Si se encontrara que los establecimientos incurren en un delito electoral, los partidos políticos en cuestión, en este caso los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, tendrán que demostrar que no están ligados a estos apoyos.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, en el Artículo 7 fracción VII, marca sanciones a quién “solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación”.
Esto podría hacer que quienes incurran en este tipo de faltas sean acreedores a una multa de cincuenta a cien salarios mínimos y prisión de seis meses a tres años.
Debido a que no hay un precedente de un hecho similar a las promociones proAMLO, tendría que ser el INE quien señale el proceso que se debe seguir en estos casos.
No obstante, hasta el momento no hay acciones que se puedan tomar pues al no haber denuncia, no hay delito que perseguir, asegura Castillo, por lo que se espera que estas promociones continúen.
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