Esto se dio a conocer gracias a más de mil auditorías al gobierno federal y a los estatales
Además, no se ha podido aclarar el destino de 216 mil 416 millones de pesos que fueron utilizados durante los dos últimos años del gobierno de Calderón y los tres de Peña
Tan sólo durante el tercer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, se registraron irregularidades que llegan a los 65 mil 193 millones 800 mil pesos, informó el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, al entregar a la Cámara de Diputados el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2015.
Además de esta cantidad, reportó la cifra de 216 mil 416 millones de pesos, dinero cuyo destino aún no se ha podido aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación. Aunque señaló que estos recursos se utilizaron durante los dos últimos años del gobierno de Felipe Calderón y los tres primeros de Peña Nieto.
En el documento presentado se dan a conocer los resultados de más de mil auditorías que se llevaron a cabo en la administración federal y los gobiernos estatales, donde se establece que:
“Rubro de gasto federalizado, el monto total observado ascendió a 65 mil 193.8 millones de pesos, de los cuales 33 mil 449.1 mdp corresponden a observaciones por el subejercicio registrado, y 31 mil 744.7 mdp a observaciones con impacto económico”.
Por ello, Manuel Portal informó que durante el tercer año de la actual administración es donde se han registrado más “observaciones” o irregularidades, aunque comentó que éstas aún podrían ser aclaradas por el gobierno federal gracias a que todavía están en curso las respuestas de cada uno de los órganos auditados.
Comparándolo con otros años, el gasto de la Cuenta Pública señala que:
“En términos absolutos, el monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2015 fue de 65 mil 193.8 mdp; en 2014 de 77 mil 380.6 mdp; en 2013 de 78 mil 744.5 mdp, y en 2012 de 64 mil 333.5 mdp. Aunque el monto observado es susceptible de su posterior justificación y aclaración por parte de los entes auditados, el nivel alcanzado refleja una gestión que aún no es del todo eficiente y transparente”.
Ante esto, el auditor comentó que aún falta por “liquidar” un poco más de 146 mil millones de pesos del gasto del gobierno federal y los estados que están pendientes de aclarar desde 2011 a 2014.
“Es preciso indicar que en el agregado histórico derivado de la fiscalización del gasto federalizado, de los 175 mil mdp registrados como montos pendientes de aclarar de las cuentas públicas 2011 a 2014, se ha logrado solventar más de 29 mil mdp, lo que implica un remanente de 146 mil 265 mdp, cifra que debe ser adicionada con el monto de lo observado en la Cuenta Pública 2015, por 64 mil 716 mdp, más lo correspondiente a los procesos resarcitorios por 5 mil 475 mdp, que dan un total de 216 mil 456 mdp pendientes de solventar, y que equivale al monto asignado en un año a la mitad de las entidades federativas, o a 20 por ciento del total de los fondos y programas del gasto federalizado 2015”, señala el informe.
Durante la revisión, la Auditoría dio a conocer seis “riesgos” en la administración y uso de estos miles de millones de pesos, mismos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados en 2014: Afectaciones al erario público; Inconsistencia entre resultados esperados y obtenidos; Discrecionalidad en la toma de decisiones; Archivos públicos deficientes; Información financiera inadecuada, y Vulnerabilidad en las finanzas públicas.
Dentro de las llamadas “afectaciones al erario”, la ASF señaló que se tratan de “circunstancias en las que se identificó que la principal problemática de la auditoría es un potencial uso inadecuado de los recursos, y que se puede relacionar con las observaciones de auditoría que tienen un probable impacto económico; constituye un concepto que, de materializarse, puede implicar abuso, desperdicio o corrupción”.
Cabe señalar que durante el gobierno del panista Felipe Calderón, el PRI los acusó de realizar “guardaditos” de dinero para destinarlos a las elecciones. Sin embargo, después de la llegada de los priístas, esta práctica ha sido aún más común, donde a pesar de que existan recursos para programas sociales, el gobierno prefiere “quedarse” esos miles de millones.
Lee la nota completa en Proceso
Sé parte de la conversación