El Gobierno nos espía…¿Por qué es peligroso que autoridades puedan acceder a estos datos?
Todos los días revelamos datos sobre nuestra vida privada a través de las telecomunicaciones, la cual va detallando patrones de conducta sobre nuestra vida cotidiana. Estos datos que almacena lugares, fechas y conexiones entre otras personas se les conoce como metedatas. Y actualmente el gobierno mexicano tiene un control sin freno de esta información.
Con la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, los concesionarios de este servicio (sea Telcel, Movistar, Unefon o cualquier otra empresa) están obligados a almacenar información como lugar, hora, fecha de nuestra información hasta por dos años. Y durante ese lapso las autoridades “competentes”, ya sean municipales, estatales o federales, pueden solicitarles información referente al intercambio de mensajes, envío de correos, o publicaciones en Facebook, Twitter, Tinder u otra red social.
Aunque las autoridades solo pueden solicitar los metadatas (lugar, fecha y hora) y no el contenido de nuestros mensajes, sería muy sencillo crear patrones de conducta para saber el comportamiento de los ciudadanos.
Pero, ¿por qué es peligroso que el gobierno mexicano pueda acceder a estos datos?
De acuerdo con Miguel ángel Guevara, especialista en telecomunicaciones, “dado el contexto de violencia que existe, y que muchas autoridades tiene colaboración con el crimen organizado, nuestra información podría ser entregada a criminales”
Además, no existe un control bajo qué criterios puede ser entregada esta información, y en caso de que algún funcionario hiciera mal uso de éstano es posible que exista una sanción en su contra, dejando en completa opacidad y a criterios propios el manejo de nuestra información.
Pese a que diversas organizaciones de la sociedad civil interpusieron una demanda para anular la Ley de Telecomunicaciones, uno de los puntos más polémicos fue la “ubicación en tiempo real” en el cual la Suprema Corte de Justicia declaró que no se viola el derecho a la privacidad, puesto que se solicita la ubicación de un móvil y no de una persona.
De acuerdo a la Red en Defensa de los derechos Digitales, este tipo de criterios le quitan derechos a los consumidores generando un clima de opresión, que bajo el pretexto de seguridad se van acortando los derechos de los ciudadanos.
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