Las tres principales fuerzas de la Cámara de Diputados, PRI, PAN y PRD, “sepultaron” la posibilidad de acusar administrativa o penalmente por “conflicto de interés”, tráfico de influencias” o “corrupción” al presidente de la República.
En su último borrador sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que se discute entre los partidos mencionados, no se incluyó la propuesta del PRD respaldada por el PAN de poder acusar al titular del Ejecutivo federal por “conflicto de interés”.
Lo anterior implicaría, por ejemplo, que si un ciudadano interpone una acusación contra Enrique Peña Nieto por el delito de “tráfico de influencias”, “conflicto de interés” o “corrupción” derivado del proceso de adquisición de la casa de Sierra Gorda 150, inmueble que facilitó el proveedor gubernamental Armando Hinojosa Cantú a Angélica Rivera, no procedería la queja.
En el artículo 108 de la Constitución se prevé acusar al Ejecutivo por “traición al a patria” y “delitos graves del orden común”; en su propuesta, el PRD también pidió que le acusara por “conflicto de interés”, propuesta que en un primer momento respaldo el PAN.
Sin embargo, en el penúltimo documento ambos partidos dieron marcha atrás y el PRD modificó su propuesta de “conflicto de interés” por el delito de “corrupción”.
Finalmente, ninguna propuesta pasó el último filtro y el artículo quedó inamovible. Se espera que así quede en el dictamen que este miércoles 25 avalará el pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales
Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD, señaló que el conflicto de interés “tiene que precisarse y definirse”. Decir “qué se entiende como tal en el marco del dictamen”.
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados e integrante del PRD, pero de corriente política distinta a su coordinador, Aleida Alavez Ruiz, cuestionó el dictamen, pues “se deja a la interpretación de los órganos supervisores la definición de lo que es la corrupción”.
“La corrupción no se elimina por decreto”, acotó para demandar que se defina el concepto de corrupción con el fin de que exista claridad al momento de fincar responsabilidades y combatir conductas corruptas sin dejar recovecos para la impunidad”.
En torno a los acuerdos últimos destaca el consenso para que las “participaciones federales” que se entregan cada año a los gobiernos de los estados sí puedan ser escudriñadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El tema resulta relevante, pues hasta ahora ninguno de los dos auditores que ha tenido la ASF desde que se constituyó la instancia fiscalizadora ha podido ingresar a las entrañas de las finanzas locales. Por ejemplo, cuando José Murat fue gobernador de Oaxaca, el entonces auditor federal Arturo González de Aragón detectó usos irregulares de recursos federales, e intentó revisar las finanzas del estado, pero Murat se amparó con el argumento de la autonomía presupuestal y de que la ASF “no podía meter las manos” en el uso de las participaciones federales.
Este martes PRI, PAN y PRD dieron marcha atrás a su negativa de auditar las participaciones. El penúltimo documento establece que sí se pueden “atraer” las cuentas locales para ser revisadas, pero de ello se excluía las llamadas participaciones federales. Hoy han dado marcha atrás y aceptan su revisión.
Un segundo acuerdo fue que la falta administrativa grave o el posible delito cometido por funcionarios federales prescriba a los siete años, mismos que empiezan a correr a partir de la denuncia.
El término de siete años fue para que las actuaciones de los servidores públicos rebasaran el periodo sexenal.
El tercer aspecto que aceptó el PRI, y que pudo haber sido a cambio de sustraer al presidente dela República de una acusación por “conflicto de interés”, “tráfico de influencias” o “corrupción”, fue que el nombramiento de secretario de la Función Pública sea a propuesta del Ejecutivo federal y ratificado por dos terceras partes del Senado.
Al hacer el anuncio sobre los acuerdos alcanzados, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, destacó que el nuevo sistema no implica “borrón y cuenta nueva, ¡bajo ninguna circunstancia! Quien haya cometido faltas en el pasado sí será sancionado con este nuevo andamiaje. Hoy lo que cambian son los órganos que sancionan, ya no van a ser los empleados de los alcaldes, de los gobernadores, del presidente, ahora va a ser un tribunal”.
En tanto, el coordinador priista Manlio Fabio Beltrones Rivera reconoció “la imperiosa necesidad de tener un sistema nacional de integridad o anticorrupción” que permita responder a la sociedad sobre sus preocupaciones en torno a este tema.
El priista aceptó que trabajar sobre el tema “no ha sido sencillo”. Beltrones dijo que se buscará sumar al resto de los partidos a los acuerdos generales a los que se llegó para reformar 15 artículos de la Constitución con el objetivo de conformar el sistema anticorrupción.
A través de su vicecoordinadora, Lilia Aguilar, el PT consideró una “simulación” lo acordado por los tres partidos mayoritarios. En tanto que Ricardo Monreal, coordinador de Morena, advirtió que no avalarán un cambio, una simulación y menos aún una regresión en el sistema anticorrupción.
Sé parte de la conversación