Del resultado de sus investigaciones depende, en mucho, que el presidente Enrique Peña Nieto sea capaz de ofrecer una explicación que le permita superar lo que se considera la peor crisis en lo que va de su gobierno.
Es el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que desde la primera semana de octubre trabaja en las fosas clandestinas localizadas en los municipios de Iguala y Cocula, Guerrero, al sur del país.
Desde el 26 de septiembre desaparecieron en esa zona 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.
Las autoridades tratan de establecer si los cuerpos localizados en las fosas pertenecen a los estudiantes.
Una tarea en la que colabora el EAAF, un grupo de especialistas reconocidos a nivel mundial por su tarea para identificar restos humanos en países donde ocurrieron violaciones masivas de derechos humanos.
Anteriormente colaboraron en otros casos en México, como en la identificación de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua y de los restos encontrados en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas.
Ahora se encuentran en Guerrero, pero su tarea no ha sido fácil.
Desconfianza
El equipo argentino está de nuevo en México por una razón: los familiares de estudiantes desaparecidos no confían en las autoridades de este país.
Desde las horas siguientes al 26 de septiembre organizaciones civiles afirman que el gobierno busca cadáveres, y no a los estudiantes con vida.
Amnistía Internacional dijo incluso que la investigación judicial es “caótica y hostil”, y denunció que la exhumación de restos en las primeras fosas clandestinas encontradas en Iguala no se hizo de manera adecuada.
Por eso los familiares de los desaparecidos, apoyados por grupos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, advirtieron a la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) que sólo confiarán en los forenses del EAAF.
Sin embargo, aunque las autoridades mexicanas aceptaron esa propuesta los peritos argentinos encontraron un ambiente complicado para realizar su trabajo.
“Obstáculos”
Desde las primeras semanas de octubre organizaciones civiles denunciaron intentos de bloquear el trabajo del equipo. “Ha habido una serie de obstáculos para que los forenses hagan su trabajo”, aseguró el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales.
Y es que al principio se restringió el acceso de los peritos argentinos a las primeras fosas y los restos depositados en la morgue, según familiares y Amnistía Internacional.
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