MÉXICO, D.F. (Proceso).- A más de 40 días del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene una investigación sólida, no ha confirmado el destino de los estudiantes desaparecidos, no tiene pruebas contundentes contra los presuntos responsables y no ha logrado capturar a todos los sospechosos.
El viernes 7 el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, presentó un nuevo informe sobre el caso. Pese a admitir que no tiene pruebas periciales concluyentes, dio a entender que los estudiantes habían sido asesinados y calcinados; dijo tener “plenamente identificados y acreditados a los policías de Cocula e Iguala” que participaron en los hechos y afirmó haber arrestado, en total, a 52 presuntos responsables, incluyendo 22 policías de Iguala que aún están siendo procesados bajo el fuero común.
El gobierno federal pretende mostrar a la opinión pública un caso resuelto con solidez. Pero en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales (JPPP) –radicado en Tamaulipas, donde se lleva la causa penal por secuestro y actos de delincuencia organizada contra los estudiantes–, la PGR tiene problemas para sostener el caso, único instrumento legal para hacer justicia a los normalistas asesinados o desaparecidos.
Documentos de las actuaciones en la causa penal 100/2014 –abierta en el contexto de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014 sobre los ataques contra los jóvenes ocurridos el 26 y el 27 de septiembre pasados en Iguala– a cuales que tuvo acceso este semanario revelan una investigación endeble. Después de 33 días de haber asumido toda la responsabilidad en la indagatoria, la PGR no tiene las pruebas suficientes para mantener el auto de formal prisión contra todos los detenidos ni para obtener órdenes de aprehensión contra quienes considera culpables.
De acuerdo con los documentos judiciales, el 25 de octubre pasado el JPPP ordenó la libertad de siete policías de Cocula e Iguala porque la PGR no presentó pruebas suficientes en su contra. A tres de los agentes el juez les quitó el delito de secuestro y a los otros cuatro, los de delincuencia organizada y secuestro.
Asimismo, de los 46 presuntos responsables señalados por la PGR en la averiguación AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, el gobierno de Peña Nieto no ha podido detener a 19. Es decir, casi la mitad de los acusados de haber participado en el secuestro y matanza siguen libres.
El 24 de octubre el JPPP le negó a la PGR las “órdenes de aprehensión, comparecencia o presentación” contra cuatro de los 19 presuntos responsables libres.
La causa penal 100/2014 es hasta ahora el único sustento jurídico para mantener detenido al exalcalde de Iguala José Luis Abarca y arraigada a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. También en ella se fundamenta la detención de 24 agentes municipales de Cocula e Iguala y de Raúl Núñez Salgado, a quien la PGR señala como “operador financiero” del grupo criminal Guerreros Unidos, y la persecución de los 19 coacusados mencionados, cuyos nombres no se hacen públicos porque aún están prófugos.
Para seguir leyendo, aquí: Proceso.com.mx
Sé parte de la conversación