Un golpe pesado rompió la madrugada del sábado. Diez kilos de metal y madera tronaron cinco puertas en San Bernardino Chalchihuapan. Y en ese golpe que rompió vidrios y muebles, también se rompieron cinco familias. Tras el marro de los policías, llegaron las armas y los ojos del cañón de pistolas y armas largas miraron a mujeres y niños. A abuelas que dormían abrazados de sus nietos. A madres que se aferraron a sus hijos y a hijos que intentaron defender a sus padres de los hombres que, vestidos de negro de pies a cabeza, los sacaron de la cama y los lanzaron a la batea de una camioneta blanca, para después llevárselos con destino desconocido. Y en ese defender sumaron golpes a los agravios.
No hubo una palabra de explicación, sólo mentadas de madre. Sólo “hijos de la chingada” y sentencias similares. Dolorosas no por lo que dicen, sino por la manera en que se escupen, desde la prepotencia armada y parapetada en una orden legal invisible, pues ni se explica ni se muestra al ingresar violentamente en medio de la oscuridad.
Y así, la legalidad se hace añicos, porque una vez más los encargados de hacer valer la ley la rompen, la ignoran, la despedazan para allanar seis hogares, el de Javier Montes Bautista, Fausto Montes García, Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez Varela y Álvaro García Xelhua.
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Horas después de las detenciones, el gobierno del estado envió un boletín informativo asegurando que el ingreso a Chalchihuapan por la madrugada fue para cumplir con seis órdenes de aprehensión en contra de vecinos de la comunidad, a quienes la Fiscalía Especial del caso Chalchihuapan responsabiliza de delitos cometidos la tarde del 9 de julio, cuando se produjo un violento desalojo del kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.
El comunicado también informa que la Fiscalía pidió la detención del presidente auxiliar de esa comunidad, Javier Montes Bautista, situación que no se cumplió porque el funcionario no fue hallado en su domicilio.
A la par que se detuvo a cinco de los seis pobladores señalados por la Fiscalía, también se aprehendió a seis policías estatales y se destituyó e inhabilitó hasta por cuatro años a seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública responsables en el operativo del 9 de julio.
Entre los inhabilitados se encuentra Ofelia Flores Ramos, quien fungía como Subsecretaria de Coordinación y Operación Policial. Y aunque el boletín no informa el nombre de los funcionarios destituidos ni sus cargos, a excepción de la señalada, se presume que también fueron inhabilitados el inspector Willibaldo Díaz Castillo, y el encargado de despacho de la Policía Estatal Preventiva, Yair Bibiano Sánchez, pues el gobierno del estado ya había señalado a finales de agosto pasado, en un boletín emitido en respuesta a una solicitud de información, que Díaz Castillo fue el responsable de ordenar “el despliegue de efectivos”.
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