GUANAJUATO, Gto. (apro).- Cinco menores originarios del municipio de Cortazar ingresaron hace algunos años al albergue La Gran Familia de Rosa Verduzco, Mamá Rosa, por intervención de una trabajadora social del DIF municipal que recomendaba el lugar, e incluso acompañaba personalmente a los padres para entregar a los niños.
En el 2010, después de que se dieron cuenta de que sus hijos no se encontraban en buenas condiciones y en algunos casos se les impedía verlos, los padres denunciaron penalmente a Verduzco en el Ministerio Público de Zamora, Michoacán, donde los guanajuatenses fueron informados de que la mujer “estaba muy amparada”.
Sólo uno de los menores fue devuelto a su hogar.
El vicepresidente de la fracción del PRD en San Lázaro, el diputado Miguel Alonso Raya, hizo la denuncia de lo que calificó como una privación de la libertad de los menores en el 2010, cuando era presidente estatal del PRD y abogados del partido asesoraban a los padres de familia.
Este jueves, el legislador federal recordó que hizo del conocimiento público las irregularidades en la operación del albergue y, en contraste, el apoyo que éste recibía de los gobiernos, incluyendo al de la República. Recordó un acto público de Felipe Calderón en una gira por Michoacán en 2008, cuando éste entregó apoyos económicos a la casa manejada por Mamá Rosa.
En ese entonces, Alonso Raya reveló que una empleada del DIF de Cortazar, de nombre Beatriz (quien en el 2010 dejó de laborar en la dependencia y cuyos apellidos se desconocían), era quien canalizaba a los niños al albergue de Mamá Rosa, bajo cualquier pretexto.
Para el ingreso de los menores se hacía firmar documentos a los padres en una notaría de Zamora, sin que éstos conocieran a cabalidad el contenido y sin la presencia del notario, sólo con intervención de Mamá Rosa.
Después, cuando los padres intentaban sacar a sus hijos del albergue, se les había saber que tenían que pagar una suma de dinero (alrededor de 40 mil pesos) para que les fueran devueltos, tras lo cual dejaban de tener contacto con ellos o ya no se les permitía verlos.
Esto ocurrió en los casos de Marcos Francisco, Luis, José Jacob y Enrique, todos originarios de Cortazar. Un quinto menor de este municipio sí fue devuelto a su madre, Martha Inés López.
“Allá su hijo va a estar bien”
Marcos Francisco ingresó al albergue en febrero del 2006, cuando tenía 12 años. Sus padres acudieron a pedir ayuda a DIF municipal porque Marcos comenzó a fumar y a tomar y se salía de su casa sin permiso. Una trabajadora social de la dependencia, de nombre Beatriz, les sugirió internarlo en una casa hogar en Zamora. “Allá va a estar bien”, les dijo a sus padres, Maricela Campos y Ramón Rodríguez, quienes aceptaron.
El 20 de febrero de 2006 viajaron a Zamora y fueron recibidos personalmente por Mamá Rosa, quien les dijo que necesitaba por lo menos cuatro años para atenderlo “y quitarle la adicción”, tras lo cual los condujo a la oficina de un notario para hacerlos firmar un documento que, según les dijo entonces, serviría para el momento en que fueran a recoger a su hijo.
La primera vez que lo visitaron –cuatro meses después de su ingreso– los padres se llevaron una sorpresa: Marcos no estaba en el albergue porque “lo habían llevado a la playa”. Le dejaron ropa y calzado deportivo que, según constataron en una siguiente visita, nunca le fue entregada.
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