Las suspensiones y amparos que ha otorgado tanto el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) como la justicia federal a algunas rutas del transporte público permite que puedan operar los camiones, pero no impide a la autoridad infraccionarlas cuando violas las leyes en la materia, ni permite a aquellas que actúen con impunidad. “Un amparo no es arma para matar, ese no es el espíritu de la ley”, precisa el coordinador del Observatorio Ciudadano de Transporte Público y Movilidad, Alberto Galarza, “El Rojo”.
El amparo de la Ruta 24 otorgado por el TAE, sorprendentemente un tribunal que imparte “justicia expedita y rápida”, en lo que parece que la justicia es de quien la paga, no de quien la pide, hay un problema jurídico fuerte que impide remover las concesiones por lo que habrá que poner atención y entrar a una revisión a fondo del mismo, plantea quien también es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios.
El espíritu de la ley es proteger los derechos, hasta que se solucione el conflicto, “lo que estamos diciendo es que haya una coordinación fuerte del Gobierno del Estado para empujar a que se les quite las concesiones a toda esa ruta, porque es la que más incumple todo: no entregan boletos, no están uniformados los choferes, operan en la completa impunidad”.
“Las acciones que se vieron esta semana, que me parecen muy importantes y muy atinadas del secretario de Trabajo, Eduardo Almaguer, porque son en pro de la ciudadanía y es así como debe actuar la autoridad para hacer valer el interés público sobre el particular”, reconoce Alberto Galarza en entrevista con Conciencia Pública.
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