MÉXICO, D.F. (Proceso).- Rehén del manejo de las percepciones y adicto a la pantalla televisiva, Enrique Peña Nieto llega a su segundo año de gobierno atrapado en una paradoja: las 11 reformas legislativas que más presume en una decena de spots que inundan los medios electrónicos tienen una aceptación menor al 50% en casi todas las encuestas y su popularidad como mandatario va a la baja.
A mayor número de spots, deinfomerciales disfrazados de entrevistas en programas de espectáculos o de talk shows colectivos como el programa Conversaciones a Fondo, conducido por el director del Fondo de Cultura Económica, menor es el nivel de aceptación de los mexicanos encuestados sobre el “ciclo reformador” del Peña Nieto en sus dos años de gobierno.
El dispendio publicitario en los distintos medios está a la vista de todos. Este año, el gobierno federal pretende gastar 4 mil 964.8 millones de pesos en promoción.
El 44% de esos recursos se irán al duopolio televisivo, 24% a decenas de medios impresos, 17% a radiodifusoras y sólo 3% a internet, de acuerdo a los cálculos e información del Centro de Análisis e Investigación Fundar. Esta suma es superior a la que la administración federal centralizada y paraestatal ejerció durante 2013 –4 mil 195 millones de pesos–.
En otras palabras, en sus dos primeros años, Peña Nieto ejercerá más de 9 mil millones de pesos en promocionarse, monto superior al presupuesto anual de la UNAM, con una clara tendencia a concentrar este gasto en Televisa y TV Azteca.
Este gasto publicitario “no es un ejercicio de rendición de cuentas, sino de autopromoción”, sostiene Justine Dupuy, directora de Fundar; también, dice, es una presunta violación a la prohibición expresa en la legislación electoral y en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que prohíbe la transmisión de propaganda disfrazada de información.
Por esta misma razón, Fundar y otras agrupaciones y 11 ciudadanos impulsan un amparo en contra de la promoción personalizada de Peña Nieto en el marco de su II Informe de Gobierno. Argumentan que esto es violatorio del artículo 134 de la Constitución, atenta contra el derecho a la información y, además, es “una práctica que vulnera la calidad del debate democrático”, según el documento preparado por los promotores de este recurso legal.
Fuente: Proceso.com.mx
Sé parte de la conversación