Del año 2000 a la fecha, en México se han acumulado al menos 2 mil 28 casos de ataques sexuales contra menores de edad dentro de centros educativos de nivel básico y medio-superior (educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria), de los cuales, una tercera parte nunca fue investigado por la autoridad,a pesar de haber sido denunciados, mientras que en el resto de los casos la sanción contra los agresores consistió en simples llamadas de atención, suspensiones temporales o, a lo sumo, la reubicación del atacante en otro plantel.
Tal como revela la Recomendación General 21 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –publicada el pasado 20 de octubre en el Diario Oficial de la Federación–, dirigida a la Secretaría de Educación Pública y a los poderes ejecutivos de las 32 entidades del país, los centros educativos en donde más agresiones sexuales se cometen en contra de niños y niñas son las secundarias (con 42.5% de las denuncias), seguido de las primarias (36% de las denuncias), los planteles de educación preescolar (10% de las agresiones) y por último el nivel medio superior (con 9% de los reportes); mientras que las entidades federativas con mayor incidencia de este tipo de delitos son Distrito Federal, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Guanajuato.
“La violencia sexual infantil escolar –explicó la CNDH– es un fenómeno que ocurre de manera más frecuente de la que se piensa” y, basándose en estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, el ombudsman nacional asegura que “en el último ciclo escolar se han incrementado (los casos de agresión sexual escolar) tanto en número como en complejidad”.
De hecho, destaca la CNDH, “del año 2011 a agosto de 2014 se presentaron más de la mitad del total de quejas interpuestas ante este organsimo nacional, por este tipo de abusos, durante los últimos 14 años“.
Así, tras detectar este incremento en el número de casos de violencia sexual dentro de planteles educativos, tanto públicos como privados, y basándose en información proporcionada tanto por gobiernos estatales como por el gobierno federal, la CNDH elaboró una radiografía sobre esta problemática que deja ver cuál es el perfil de las víctimas, cuál es el perfil de los agresores, así como cuáles son las omisiones gubernamentales que han permitido que este fenómeno vaya en aumento.
A continuación, te presentamos un resumen de las principales conclusiones a las que llega el ombusman nacional en su “Recomendación general 21 sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos”.
¿Qué se entiende por ‘violencia sexual escolar’?
Según la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, por violencia contra infantes se entiende “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos en ésta el abuso sexual, la violación sexual, o cualquier otro tipo de agresión que implique una connotación sexual, mientras las niñas y los niños se encuentren bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
Aunque un acto de violencia sexual puede tener distintas características, algunas de las manifestaciones más comunes de agresión sexual pueden ir desde “miradas lascivas, comentarios con connotación sexual e insinuaciones, hasta llegar a agresiones físicas, tocamientos, abuso sexual y la violación”. Destaca el hecho de que, según la CNDH, del total de quejas que ha recibido por agresiones sexuales en centros escolares, en 61.5% de los casos las víctimas sufrieron precisamente “abuso sexual, violación y violación equiparada”.
Las víctimas
Tras analizar las denuncias por agresión sexual en centros escolares de todo el país –excepto de aquellas ocurridas en Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, y Zacatecas, entidades que no respondieron a la solicitud de información que les realizó la CNDH–, el ombudsman nacional concluyó que, en 70% de los casos, las víctimas de la violencia sexual son niñas, mientras que el restante 30% son varones menores de edad.
Un ataque sexual contra un infante, explica el documento, transgrede sus derechos a la libertad sexual, la integridad personal, al trato digno, a la educación y el desarrollo, y esto se vuelve aún más grave, destaca, cuando dichos ataques se cometen “en centros donde (los niños y niñas) deben ser tratados con dignidad y formados”.
Algunos de los síntomas en los agredidos son: “miedo, incapacidad de confiar en los demás, cólera y hostilidad, conductas sexuales inapropiadas para su edad, depresión, sentimientos de culpa y vergüenza, problemas en su desempeño escolar, problemas somáticos, trastornos de sueño y alimentarios y conductas fóbicas, evasivas, regresivas e incluso autodestructivas“.
Otra característica común en este tipo de agresiones sexuales es que las niñas y los niñosguarden silencio y tengan un “sentimiento” de culpa debido a las amenazas que frecuentemente emplean los agresores, en contra de ellos o sus familias, además, se ha observado que la violencia sexual provoca cierta estigmatización y, consecuentemente, algunos padres ante el temor de que la situación se haga pública y que esto implique una revictimización de sus hijos no lo hacen del conocimiento de la autoridad competente, sin embargo, destaca la CNDH, “el ignorar este tipo de casos puede tener como consecuencia que el agresor permanezca impune, que el daño sea irreparable en la víctima e, incluso, que se propicie la reincidencia”.
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