(27 de octubre, 2014).- En el periodo 1969-1979 el Estado mexicano desató una cacería mediante “una represión brutal y torturas” no sólo en contra de la “naciente guerrilla” sino de la población en general, así lo aseveraron Pilar Noriega y José Enrique González de la Comisión de la Verdad en entrevista con Carmen Aristegui; este equipo indagó ejecuciones y torturas en Guerrero durante las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo.
De acuerdo con los investigadores, durante dichos periodos hubo una política de Estado ”sistemática y generalizada” con el fin de aniquilar a la población que se le considerara peligrosa, por lo cual las autoridades violaban los marcos legales dando paso a la llamada “Guerra Sucia”. “(…) liquidó a personas, a comunidades enteras y sembró terror en Guerrero”, así como en el resto de la nación.
Las investigaciones se han basado, dijeron, en documentos del Archivo General de la Nación con un equipo de especialistas, así como trabajo de campo donde se lograron 412 declaraciones directas. “Estamos ciertos de que en el informe y en los anexos hay pruebas suficientes para comprobar esta responsabilidad de Estado”, precisaron
Además agregaron que el gobierno decidió el “exterminio de sectores de la población y actuó en consecuencia”; para esto diseñaron el “plan telaraña”; el cual consiste en extender una tela de araña para que fueran cayendo las moscas, allí se utilizaron miles de soldados en contra del grupo alzado en armas dirigido por Lucio Cabañas, sin embargo, indicaron, el objetivo era en realidad controlar a toda la población, pues la población guerrerense era el enemigo interno, a la cual le aplicaban tácticas de Seguridad Nacional aprendidas por los Estados Unidos.
Los integrantes de la Comverdad refirió que la valentía del pueblo de Guerrero fue tal que resistió una agresión como la de esos tiempos, “nos da elementos para decir que resistirá la agresión que está sufriendo hoy, la nueva guerra sucia de estos días es hija de aquella guerra sucia impune”.
Pilar Noriega agregó: “(Costó) Mucho trabajo conseguir acceso a averiguaciones previas, de hecho terminamos nuestra investigación y no logramos acceso a algunas investigaciones previas. La Procuraduría General de la República siempre argumentó la obligación que tienen de mantenerlo en reserva, pero la Ley de Transparencia indica que cuando se trata de casos de violaciones graves a derechos humanos, no se pueden reservar”.
“Hubo una represión brutal, la tortura, fue la manera que hubo contra la población, porque no solamente el objetivo fue la guerrilla sino también la población, eso está en un documento que se obtuvo, en el Plan Atoyac el objetivo también fue controlar a la población y eso ratifica los testimonios que obtuvimos de la gente a la que le impedían y les contaban los alimentos, tenían problemas para cosechar, fue una represión a la población”, dijo.
Finalizó: “Esperamos que reconozcan la responsabilidad y que se indemnice de la manera más amplia moral, se reconozca, se les pida perdón, se les diga dónde están las personas y se repare el daño a los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos”.
Fuente: Revolución 3.0
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