MÉXICO, D.F. (Proceso).- Contra su voluntad, el gobierno mexicano ha tenido que actuar ante las crecientes evidencias de una posible matanza de civiles perpetrada por el Ejército, pero se encamina a culpar a “soldados desobedientes” para evadir cualquier responsabilidad política.
Sin explicar aún qué pasó la madrugada del 30 de junio en el poblado San Pedro Limón del municipio mexiquense de Tlatlaya, ya dirigió la atención a militares de infantería de bajo rango participantes en lo que cada vez más toma la forma de una ejecución sumaria de 21 presuntos delincuentes que se habían rendido, más el abatimiento de otro que habría muerto en condiciones de enfrentamiento, según los testimonios e imágenes publicadas por la prensa nacional e internacional.
La noche del pasado jueves 25, luego de que Proceso diera a conocer en su portal electrónico que ese día un grupo de soldados rasos más un teniente habían sido consignados ante un juez castrense, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición del juzgado Sexto militar.
La Sedena agregó que sus elementos quedaron “internos” en la prisión del Campo Militar Número 1, en el Distrito Federal, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos en contra de la disciplina militar –sin explicar en qué consistió ésta–, desobediencia e infracción de deberes. Precisó que el último de los cargos sólo aplica para el oficial. Los acusados están recluidos en un sector conocido como “las negras”, por lo reducido y oscuro del espacio.
El reportero Arturo Rodríguez había adelantado la información y pronto fue reproducida en distintos medios, ante el silencio inicial del Ejército. La Sedena se vio obligada a informar, tal y como había ocurrido una semana antes, luego de que la administración de Barack Obama hiciera una declaración pública en la que le pidió al gobierno de Peña Nieto una investigación verídica de lo ocurrido en el Tlatlaya, Estado de México (Proceso 1977).
Sedena, que se había empeñado en sostener que el abatimiento de los presuntos delincuentes ocurrió a raíz de un enfrentamiento durante un patrullaje militar, indicó que la intervención de la justicia castrense era independiente de las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Pero el comunicado de la Sedena amplió las dudas.
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